La ayuda de los 420 euros excluye a miles de parados

Sólo los desempleados que hayan dejado de percibir la prestación contributiva o el subsidio a partir del 1 de agosto pueden acceder a la medida. Los granadinos califican el programa como discriminatorio

NOELIA M. ESTEBANÉ "Vengo a informarme sobre la ayuda de los 420 euros para los parados". Ésta fue la consulta más repetida ayer –cuando comenzó el plazo para solicitar la prestación extraordinaria– en las oficinas de Empleo de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. Lamentablemente, la respuesta mayoritaria consistió en un "usted no tiene derecho a la prestación".

Y es que el Programa de Protección por Desempleo e Inserción (aprobado el pasado día 13 de agosto para facilitar cobertura económica a los parados) establece un requisito temporal que deja fuera a gran parte de los desempleados granadinos. Se trata del hecho de que los ciudadanos que pueden acceder a la medida tienen que haber agotado la prestación contributiva por desempleo y –en su caso– el subsidio entre el día 1 de agosto de 2009 y los 180 días naturales siguientes. Es decir, aquellos parados que dejaron de percibir alguna de estas ayudas antes de dicha fecha quedan fuera del programa, una situación en la que se encuentran cerca de 4.500 granadinos. de los 76.588 parados registrados el pasado mes de julio en la provincia.

"La acción debería ampliarse a todos los trabajadores que se encuentran en desamparo económico y aplicarse durante al menos un año, porque si no se queda fuera la mayoría de las personas", reclamó el secretario provincial de Empleo de CCOO, Juan Pérez, quien calificó el programa como "insuficiente".

"Me parece una discriminación. En lugar de dar la ayuda a los que más tiempo llevan sin cobrar nada, se lo conceden a los que acaban de recibir la última mensualidad y, dentro de lo que cabe, están más desahogados", denunció José Fernández, uno de los pocos ciudadanos que conocía el requisito temporal de la medida.

Por el contrario, la mayor parte de los parados que acudieron ayer a las oficinas del SAE o el Inem desconocían esta condición. De hecho, ni siquiera el propio Ministerio de Trabajo tenía muy claros los requisitos del decreto-ley.

De ahí que casi todos los que entraban en las oficinas salieran decepcionados. "Me parece fatal. Tengo una niña a la que tengo que pasarle una manutención y me han dicho que lo único que me corresponde es acudir a los servicios sociales", lamentó Jesús Martínez, un granadino que no tiene derecho a los 420 euros (el 80% del Iprem) por tan sólo dos semanas. "Llevo cuatro meses sin cobrar nada y no entiendo cómo los beneficiarios son los que hasta hace unos días estaban percibiendo alguna prestación, en lugar de los que llevamos más tiempo sin ingresos y, por tanto, estamos más asfixiados", argumentó David Pérez.

Ahora bien, también hubo ciudadanos que recibieron un soplo de esperanza, como Montserrat López. "Las ayudas se me acabaron hace poco, así que espero poder solicitar los 420 euros", aseguró la granadina. No obstante, los impresos para inscribirse en el programa aún no estaban disponibles ayer, por lo que los funcionarios de Empleo invitaron a los interesados a volver en unos días y llamar al Inem.

Pero además de cumplir con el requisito temporal, la normativa exige otras condiciones a los solicitantes que complican aún más el acceso a los 420 euros. En este sentido, quedan excluidos del programa las personas con 65 o más años, aquellos desempleados que perciban otras rentas concedidas por las distintas Administraciones Públicas y los que no lo soliciten en el plazo de 60 días desde que cobraron la última prestación o subsidio.

Asimismo, los parados que pidan la ayuda económica no pueden contar dentro de su núcleo familiar con rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, 468 euros. "Hay que tener en cuenta que si en la familia existe algún miembro mayor, que cuente con una pequeña pensión, supone la denegación de la prestación extraordinaria", explicó el representante del CCOO.

Por último, los beneficiarios de la medida tendrán que comprometerse a realizar las distintas actuaciones que se determinen por el Servicio Público de Empleo correspondiente y participar en los itinerarios de inserción, que mejorarán sus capacidades y competencias profesionales.