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Sociedad

Un 15,3% de las víctimas de maltrato se acogen a medidas de seguridad

 16:10  

La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección, a la que están acogidas 429 víctimas de malos tratos facilita a las víctimas teléfonos móviles, asistencia en los juicios y servicios de autoprotección, entre otras medidas

EFE Un total de 429 mujeres víctimas de malos tratos, el 15,35 por ciento de las 2.794 con orden de protección o con sentencia dictada en Granada, han solicitado acogerse a las medidas de seguridad que ofrece la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP).

Esos datos, recabados por Efe, figuran en el registro de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, dependiente de la Subdelegación del Gobierno y que comenzó a funcionar el pasado mes marzo de 2007.

De las 2.794 órdenes de protección o las sentencias ya dictadas que contienen penas en vigor en la provincia -consistentes fundamentalmente en medidas de alejamiento dictadas contra el agresor- 1.133 están al cargo de la Guardia Civil y 1.661 de la Policía Nacional, a fecha de 9 de agosto de 2009.

La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP), a la que están acogidas 429 víctimas de malos tratos facilita a las mujeres teléfonos móviles para ser usados en circunstancias de riesgo, asistencia en los juicios y servicios de autoprotección, entre otras medidas.

En Granada hay además 303 mujeres acogidas al servicio de teleasistencia, según la Unidad de Violencia contra la Mujer, que tenía registradas 805 denuncias por violencia de género en la provincia, ya sea por maltrato físico o psicológico, de enero a junio de este año.

La Unidad de Violencia contra la Mujer recoge informáticamente los datos recopilados por las Fuerzas de Seguridad sobre las víctimas que denuncian malos tratos, su presunto agresor y su entorno, lo que permite determinar el nivel de riesgo de la mujer en cuestión para que le sea aplicado uno u otro grado de protección en función de sus necesidades.

Este dispositivo tiene también entre sus funciones coordinar los recursos destinados a la protección de las víctimas, identificar sus necesidades, hacer un seguimiento individualizado de cada caso -lo que permitiría la personación como acusación en los que deriven en muerte- y la emisión de informes sobre la situación.

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