Fomento ejecuta una obra en la A-7 antes de adjudicarla

El PP acusa al Gobierno de cometer una irregularidad administrativa en el tramo La Herradura-Taramay y le exige explicaciones en el Congreso de los Diputados

N. M. ESTEBANÉ / EFE Ni siquiera la reciente inauguración del tramo La Herradura-Taramay libra a la Autovía del Mediterráneo de las incidencias. Ahora, la polémica surge por una presunta irregularidad administrativa del Ministerio de Fomento en el procedimiento de adjudicación de las obras.

En concreto, la supuesta ilegalidad afecta a la instalación de los sistemas de seguridad en los tres túneles del tramo (Cantalobos, Calaceite y El Gato) en cuanto que la adjudicación del contrato (concedido a la UTE Ploder SA, Azvi SA y Obras Subterráneas SA por un presupuesto superior a los 17 millones de euros) se formalizó después de que fueran ejecutados los trabajos.

Ante este posible desajuste procedimental, el Partido Popular solicitó ayer un informe sobre el proceso en el Congreso de los Diputados, "para conocer detalladamente cómo se ha realizado la obra y comprobar que se han respetado las garantías administrativas", según explicó la diputada popular, Concha de Santa Ana.

Por fechas. La licitación del proyecto del control integral y equipamiento de los tres túneles se realizó el pasado mes de febrero. Sin embargo, la adjudicación del mismo no tuvo lugar hasta el 24 de julio, sólo cuatro días antes de que el ministro de Fomento, José Blanco, inaugurará el nuevo tramo y se pusiera en funcionamiento la carretera, el pasado 28 de julio. "La seguridad de los túneles se traduce en un edificio de dos plantas donde se instalan los ordenadores y los sistemas informáticos y no creo que en cuatro días haya podido la empresa acometer la obra", alegó De Santa Ana,

Además, el anuncio de adjudicación está firmado por el secretario general de Carreteras con fecha de 5 de agosto y la publicación en el Boletín Oficial del Estado se produjo el 12 de este mes, es decir, más de dos semanas después de la apertura de la autovía a su paso por Almuñécar. "Son obras que administrativamente no tienen soporte jurídico", indicó la representante popular.

"Al conocer la fecha de adjudicación (a través de la nota de prensa que realizó el propio Ministerio) creíamos que Fomento había abierto el tramo sin contar con los sistemas de seguridad, pero nos desplazamos a la autovía y comprobamos que sí estaban instalados", comentó De Santa Ana, quien mostró su "perplejidad" ante la actuación gubernamental, puesto que la Ley de Contratos de Estado establece que toda obra pública "tiene que ser licitada, adjudicada y el contrato firmado antes de iniciar los trabajos".

Asimismo, la diputada popular cuestionó qué garantías tienen los sistemas de seguridad si no se cumple el primer requisito del proceso público y cuestionó a quién se le habría tenido que pedir responsabilidades en el caso de un fallo técnico.

Por ello, De Santa Ana criticó la manera que tiene el Gobierno socialista de invertir el dinero público y exigió explicaciones al resto de representantes políticos de la provincia que acompañaron a Blanco durante la inauguración del tramo La Herradura-Taramay. que ha costado cerca de 25 millones de euros por kilómetro construido, lo que supone una inversión de 240 millones de euros, el de más coste de España.