Los Verdes piden la protección de la Vega de Granada

Según los ecologistas, "antes de modificar el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) hay que proteger la actividad y territorio agrícola".

EFE Los Verdes ha pedido hoy la creación de una figura de protección para los territorios y actividades agrícolas, en los que se incluiría la Vega de Granada, y que debería ponerse en marcha antes del desarrollo de los planes urbanísticos de cada zona.

El portavoz provincial de esta formación, Mario Ortega, ha asegurado hoy en rueda de prensa que "antes de modificar el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG) hay que proteger la actividad y territorio agrícola".

En este sentido ha dicho que tanto la Junta como el Ayuntamiento están "enmascarando la realidad de lo que realmente quieren", que es, en su opinión, el cambio de uso de los suelos agrícolas para fomentar la urbanización de los mismos.

"Lo primero es proteger el territorio", ha añadido Ortega, quien ha destacado el potencial de generación de empleo, y la lucha contra el cambio climático como factores determinantes de la agricultura.

Respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha manifestado que el Ayuntamiento tiene la intención de "invadir la Vega", pero está dejando "que el trabajo sucio lo haga la Junta", al no incluir esta zona en la revisión hasta que se reforme el POTAUG.

Entre las zonas que se incluirían en la protección agrícola también estarían las vegas de Loja, Baza, Guadix, Castril o la zona Norte de la ciudad.

El portavoz regional de Los Verdes, Andrés Sánchez, ha explicado que la propuesta de ley de protección de la actividad agrícola que defiende su formación afectaría tanto a los agricultores, como consumidores y el medio ambiente.

Principalmente se centrarían en el cambio de las políticas, ya que tiene que haber una adaptación del sector para aprovechar mejor "las oportunidades que se abren en Europa", de manera que se pase de un modelo de producción al de generación de servicios ambientales y económicos a la sociedad.

Sánchez ha abogado por que la agricultura ecológica sea recompensada, así como la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera por parte de los agricultores, que además podrían funcionar como "un sumidero" de atracción.

En cuanto a los consumidores, ha apostado por acortar los canales de distribución, de manera que los productos de los agricultores lleguen de una forma más directa al comprador, lo que conllevaría también el fomento de los mercados locales.