Un juez obliga a Granada Educa a restituir las condiciones laborales

IU exige el cese del gerente de la fundación municipal por saltarse el convenio colectivo y querer imponer de forma "dictatorial" una reducción de vacaciones

El Juzgado de lo Social 2 de Granada dictaminó que la fundación municipal Granada Educa deberá restituir las condiciones laborales de tres trabajadores, que fueron modificadas por el gerente "sin respetar ni los trámites ni los plazos".

En la sentencia, dada a conocer ayer por el grupo municipal de Izquierda Unida (IU), el juez señala que el gerente de la entidad, dependiente del Ayuntamiento de Granada, "alteró colectivamente las condiciones esenciales de trabajo" al decidir, tras una reunión con los empleados que acabó sin acuerdo, que éstos debían trabajar una tarde a la semana y reducir el número de festivos que tenían.

Así, en los fundamentos jurídicos del fallo, el titular del juzgado recordó que "no se puede ligar" estas decisiones a la persona que ostenta la gerencia pues "con independencia del responsable político de turno que gestione la fundación pública, las condiciones" laborales "las fija la empresa de común acuerdo con los trabajadores"; es decir, a través del convenio colectivo de trabajo.
Las desavenencias comenzaron en marzo del presente año, cuando cuatro empleados del área administrativa y técnica recibieron una carta del gerente en el que se les informaba de los cambios en sus condiciones laborales, pese a que éstos habían rechazado estas modificaciones en una reunión previa.

Según detalló la portavoz de IU, Lola Ruiz, el gerente quería cambiar los descansos, toda la Semana Santa de la que gozaban por el jueves y viernes santo; el periodo de Navidad, del 22 de diciembre al 7 de enero, por el 25 del último mes del año, el 1 y 6 de enero. El dirigente pretendía, a su vez, modificar parte de la jornada laboral, transformar las 2,5 horas semanales que los empleados utilizaban para realizar cursos en asistencia, un día de la semana fuera del horario de clase, a algunas de las cuatro escuelas de la fundación. Ruiz afirmó que finalmente sólo tres de los cuatro asalariados afectados demandaron a la entidad, ya que el cuarto es un "conocido militante del PP y ex alcalde de Quéntar", que accedió a este puesto cuando el actual alcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), llegó al poder en la anterior legislatura.

La edil de la coalición de izquierdas exigió el cese del gerente de Granada Educa, Enrique José Hernández, por la actuación "dictatorial" que ha demostrado en este caso, "imponiendo unas condiciones que contravienen el convenio colectivo" por parte de un directivo "puesto a dedo".

Ruiz recalcó que todas las entidades públicas deben actuar de "manera exquisita" y lamentó que los empleados hayan tenido que "recurrir a los tribunales" para defender sus derechos laborales. "¿Cómo es posible que un puesto de responsabilidad pública se salte la la ley?", se preguntó.

IU subrayó que este fallo, contra el que "no cabe recurso alguno", según precisa la propia sentencia, avala la profesionalidad de unos trabajadores que han desempeñado su labor en esta fundación "de manera ejemplar" desde 1981, 1983 y 1984.