Ninguna institución granadina regula formalmente los regalos a altos cargos

Las administraciones dejan al "sentido común" y a la "ética profesional" de sus políticos los límites para aceptar obsequios

M.R. La supuesta trama de corrupción del ´caso Gürtel´ –con sus trajes, sus facturas desaparecidas y sus regalos a altos cargos del PP– ha abierto la caja de los truenos para muchas administraciones españolas. ¿Qué límite tienen los políticos para aceptar un obsequio? ¿Hay que devolver cualquier presente o apelar a la cortesía para ´quedárselo´? Si algún político granadino pretende conocer la respuesta oficial, que no se esfuerce, porque no existe. Ninguna de las principales instituciones locales cuentan con un reglamento interno o normativa que regule el intercambio de regalos, así que la aceptación de cualquier obsequio queda al arbitrio del político agasajado.

Casi todas las administraciones apelan al "sentido común" de sus cargos para dilucidar qué es un simple presente de agradecimiento o cortesía y qué esconde detrás intereses oscuros. "El criterio está supeditado a la ética moral y personal de cada político", aseguran fuentes de la Diputación de Granada, que admiten que no existe un protocolo de actuación específico que limite estos regalos recibidos por ostentar un cargo concreto. "Cada diputado valora qué tipo de obsequios debe o quiere aceptar", señalan las mismas fuentes.

Tampoco en la Junta ni en el Ayuntamiento de Granada parece existir –o, al menos, nadie tiene constancia de que así sea– un reglamento de este tipo. La respuesta es parecida en todos los ámbitos: el límite lo impone el propio sentido común. En el Consistorio de la capital sí hay una norma establecida al respecto, que obliga a todos los concejales a inscribir cualquier obsequio recibido en el inventario de bienes municipales. La intención es registrar y "dejar constancia" de los presentes que admiten tanto el alcalde como los miembros del gobierno local cuando ejercen su labor política, para que esos regalos queden como patrimonio de la ciudad a pesar del cambio de alcaldía.

Si los políticos no están sujetos a normativas propias de las instituciones donde ejercen, tampoco lo están por los partidos a los que pertenecen. Ni el Partido Popular, ni el PSOE ni Izquierda Unida han redactado nunca un documento que plasme el código de conducta que deben asumir sus cargos públicos, al entender que la aceptación de regalos entra dentro del ámbito personal de cada uno, es decir, a los tan nombrados ´ética y sentido común´ de cada representante político.

Uno de los pocos casos donde se ha intentado regular este aspecto es el Código del Buen Gobierno que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó en 2005, y en el que tampoco se detalla con claridad qué deben hacer los altos cargos del Estado. "Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía", reza el documento, que determina que "en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado". La pregunta es obvia: ¿qué está dentro de los "usos habituales, sociales y de cortesía" y qué presentes están fuera? ¿Todo depende del valor económico o del origen del regalo? Nadie se atreve a delimitar con concreción dónde está el límite, sobre todo en una democracia como la española, donde el intercambio de agasajos está tan generalizado e interiorizado por la clase política.