Suministros y telecomunicaciones centran las quejas a la Junta Arbitral

La Junta Provincial Arbitral de Consumo ha intensificado su labor informativa en 2009 con la colocación de 11 puntos de información

EFE Los suministros de electricidad, agua, gasolina y gas, y las telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, han centrado las quejas que ha atendido en el primer semestre de 2009 la Junta Provincial Arbitral de Consumo, que ha tramitado 267 solicitudes de arbitraje, de las 836 consultas recibidas.

Les siguen las reclamaciones referentes a bienes, servicios y vivienda, informó ayer en rueda de prensa la diputada de Contratación y Patrimonio, Yolanda Ibáñez.

La Junta Provincial Arbitral de Consumo, dependiente de la Diputación, ha intensificado su labor informativa en 2009 con la colocación de once puntos de información al consumidor en los municipios de Baza, Capileira, Salobreña, Huétor-Tájar, Gualchos, Iznalloz o Vegas del Genil.

Además, durante el pasado año se crearon también talleres de buenas prácticas en toda la provincia cuyo objetivo era dar a conocer a los granadinos el sistema de arbitraje así como "sus derechos y obligaciones como ciudadanos", explicó Ibáñez.

Paralelamente, se reforzaron durante el verano de 2008 las campañas de información por todo el litoral granadino y, durante la pasada Navidad, en municipios del área metropolitana, Loja, Baza, Guadix, Almuñécar y Motril, algo que ha conseguido, señaló Ibáñez, un incremento del 32% tanto de consultas como de solicitudes.

Asimismo, la Junta Arbitral de Consumo ha firmado también un acuerdo con algunas asociaciones de consumidores como la UCE o la de Amas de Casa de Al-Ándalus. Ibáñez se mostró "satisfecha" porque también en el primer semestre de 2009 se adhirieron 83 nuevas empresas a la Junta Arbitral, algo que "es ventajoso y beneficioso para todos" e hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que a la hora de comprar, busquen el logotipo distintivo de calidad.

La Junta Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial que permite resolver, de forma gratuita y eficaz, los desacuerdos que puedan surgir entre el consumidor o usuario y el empresario o profesional, en un plazo máximo
de seis meses.