Sin fecha para abrir la fosa de Lorca

Caler recuerda que el inicio de las excavaciones se determinará en el acuerdo con la Junta, el Ayuntamiento de Alfacar y la Asociación de la Memoria Histórica

NOELIA M. ESTEBANÉ El presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, no quiso ayer aventurar la fecha en la que comenzarán los trabajos de exhumación de la fosa de Alfacar donde se encuentran supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca, los del maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Un acto de prudencia que se produce a pesar de que, hace unas semanas, la Consejería de Justicia fijó el inicio de las excavaciones para el próximo otoño, después de que la Junta de Andalucía optara por iniciar un protocolo de actuación sobre los enterramientos sin esperar a que se emita una decisión judicial.

En este sentido, Martínez Caler recordó que la Consejería de Justicia está promoviendo un convenio entre la Diputación de Granada (como propietaria de los terrenos), el Ayuntamiento de Alfacar (como competente para autorizar cualquier actuación en su término municipal), la Junta de Andalucía y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada (ARMH). "Cuando el convenio esté en la mesa lo firmaremos las partes y se hará lo que en el acuerdo se refleje", aclaró el representante provincial.

De este modo, el organismo supramunicipal quiso dejar claro cuál es su papel en el proceso de exhumaciones: "La función de la Diputación es cumplir la Ley de Memoria Histórica como propietaria de los terrenos. Nuestra colaboración empezará ahí y ahí va a terminar", puntualizó Martínez Caler, por lo que la concreción del inicio de los trabajos de exhumación "no corresponde a la institución".
Colaboración. No obstante, el presidente de la entidad provincial insistió en la voluntad de la Diputación de colaborar con la ARMH y las familias de los fusilados en el mes de agosto de 1936 que quieran conocer el paradero de sus allegados. "No vamos a negar el derecho de cualquier descendiente de un asesinado a localizar los restos de su familiar", argumentó.

Asimismo, Martínez Caler explicó que la ARMH ha solicitado permiso a la Diputación para poder llevar a cabo las excavaciones en los terrenos pertenecientes a la entidad provincial. "Como propietarios no vamos a poner impedimentos para realizar las exhumaciones, en cumplimiento de la ley", añadió.

Ahora bien, el presidente de la Diputación granadina apostilló que "merece el mismo respeto quien no esté por que se localicen los restos de sus familiares y prefiere que se dejen donde están", en referencia a los cuerpos del poeta granadino –cuya familia ha mostrado su oposición a que sea identificado– y del banderillero Joaquín Arcollas –cuyos restos no han sido reclamados–.

Ante la duda de que esta discriminación en torno al análisis de los cuerpos sea posible, la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, aseguró hace unos días que "tanto la ley como la ciencia apuntan que puede hacerse". Ahora habrá que ver si finalmente sólo se consiguen identificar los restos de Francisco Galadí y Dióscoro Galindo o si, por el contrario, se determina también el paradero de Fermín Roldán García, un inspector municipal de tributos cuya familia sostiene que está enterrado en la misma fosa que el poeta y ha pedido la exhumación de sus restos.

"Documentalmente no se puede confirmar la existencia de ese quinto cuerpo, ya que existe la posibilidad de que no esté o de que haya incluso más cadáveres", declaró la presidenta de la ARMH, Maribel Brenes, respecto a la nueva adhesión al plan de exhumaciones.
Largo proceso. Parece que finalmente las excavaciones en la fosa de Alfacar tienen luz verde tras meses de contradicciones administrativas e inhibiciones judiciales. Hay que recordar que la causa sobre la apertura de los enterramientos fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada. El juez Baltasar Garzón presentó ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que decidiera qué órgano judicial era el competente. Además, la Consejería de Cultura se negó a efectuar las excavaciones al no tratarse de restos arqueológicos. Finalmente, la Consejería de Justicia está desarrollando el marco jurídico para iniciar las actuaciones, después de adherirse al protocolo sobre exhumaciones que tiene el Gobierno central.