Subdelegación avanza que es una medida legal

P.M. La sorpresiva aparición de los operarios de la empresa instaladora de los dispositivos molestó a varios funcionarios que de inmediato fueron a dar cuenta a sus superiores de lo ocurrido. La Jefatura de la Policía Local trasladó entonces una petición a la Subdelegación del Gobierno para que informase sobre la legalidad de esa instalación. Las fuentes consultadas afirman que desde este órgano –encargado de tramitar las autorizaciones para las cámaras de seguridad, públicas o privadas– se ha comunicado verbalmente a la Huerta del Rasillo que la instalación de estos dispositivos es legal. Además de que se trata de un edificio municipal, las cámaras no enfocan –según argumentan las fuentes– a lugarse sensibles o que afecten a la intimidad o dignidad del trabajador, tales como vestuarios o cuartos de baño.