MATÍAS OCHOA
La falta de créditos a las familias está afectando seriamente el objetivo de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) de proporcionar pisos a quienes no tienen capacidad económica para adquirir uno en el mercado libre. Los bancos y cajas de ahorro han endurecido sus exigencias para conceder préstamos, lo que trastoca los planes de las administraciones públicas.
Las empresas de suelo provincial (Visogsa) y municipal (Emuvyssa) coinciden en que últimamente proliferan los casos de renuncias a reservas de pisos por no poder acceder a una hipoteca. Ante este problema, Visogsa cambiará a régimen de alquiler o alquiler con opción a compra todas las VPO que en la actualidad tiene en venta y que no consiguen comprador. "Es una opción que queremos potenciar, ya que de esta forma evitamos que los interesados dependan del banco", señala el diputado de Vivienda, José Entrena.
Visogsa, además, puso en marcha hace un mes su primera gran base de datos. "Antes, las personas que querían una vivienda se apuntaban en una bolsa de demanda en su ayuntamiento. Ahora, pediremos más información socioeconómica y familiar del interesado. Esto nos permitirá planificar mejor la construcción de próximas construcciones y minimizar las situaciones de renuncia que se están dando", precisa Entrena.
Más plazo. De esta forma, Visogsa podría evitar, por ejemplo, que promociones pensadas para sortearse entre muchos aspirantes se hayan tenido que cambiar al sistema de venta directa, ante la falta de compradores una vez expirado el plazo límite inicial. Esta modificación ha permitido ganar tiempo y sumar interesados. Aun así, hoy día quedan 8 VPO en venta directa de las 18 ofertadas inicialmente en Játar.
Lo mismo pasa en Iznalloz (6 de 40 construidas), Escúzar (3 de 16), Colomera (5 de 10) y Galera (16 de 21). Otívar, con sólo 10 reservas y 24 renuncias, y Torre Cardela, sin ninguna reserva, tienen serios problemas de colocación.
Hay que tener en cuenta que la reserva, con un pequeño desembolso, no resulta el paso más complicado de la operación; éste viene con la firma del acuerdo, donde resulta necesario contar ya con una hipoteca concedida. El diputado recalca que la actual coyuntura "no va a frenar" el ritmo de VPO; "puede cambiar el régimen (compra, alquiler o alquiler con opción a compra), pero vamos a seguir construyendo porque hay mucha demanda de viviendas".
Entrena mantiene bastantes expectativas ante el proyecto del Gobierno central de avalar a los compradores el 50% del total del préstamo solicitado. El Ministerio de Vivienda y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) firmarán próximamente una línea de ayudas por 6.000 millones de euros para facilitar a 100.000 familias españolas la adquisición de una VPO. Esta garantía pública no tendrá ningún coste para el usuario.
Para ello, la administración deberá cerrar un acuerdo con los bancos y cajas que se sumen a esta iniciativa. "Sería una solución magnífica", apunta el diputado responsable del área.