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PABLO MARISCAL. GRANADA Los vecinos del barrio de Cartuja habían expresado su malestar por la proliferación de negocios improvisados en cocheras y bajos sin ningún tipo de control administrativo o sanitario. Junto a ellos, los comerciantes regularizados estaban indignados por el espectacular auge de una competencia desleal que, en los últimos años, ha crecido de forma exponencial. Una denuncia conjunta de vecinos y empresarios del barrio ha obligado al Ayuntamiento de Granada a intervenir para atajar el comercio ilegal en Cartuja, uno de los grandes desafíos al que ningún gobierno municipal ha sido capaz de enfrentarse en los últimos años.
Es difícil concebir la apertura de un bar en Puerta Real sin que tenga en regla todas y cada una de las licencias administrativas. En Cartuja ha sido una práctica habitual que ha dañado considerablemente la economía de los establecimientos autorizados.
La Policía Local inició el martes pasado la mayor operación de vigilancia y control de comercios desarrollada en la zona norte de la capital. Tres días de inspecciones han servido para confirmar el contenido de la denuncia presentada por vecinos y comerciantes. Dos de cada tres negocios inspeccionados en el lugar ni siquiera tienen licencia de apertura.
Los agentes municipales han visitado 27 comercios, casi todos ubicados en las calles Henríquez de Jorquera y Julio Moreno Dávila. Estancos, farmacias, bares, pescaderías, tiendas de ropa, zapaterías, talleres, locutorios, droguerías, carnicerías, peluquerías y hasta un quiosco. La unidad de Medio Ambiente fue la encargada de coordinar el dispositivo, en el que participaron agentes del Grupo de Apoyo a Barrios en prevención de posibles incidentes.
El balance fue de 18 negocios sancionados, 16 de ellos (más del 60% del total de inspeccionados) por carecer de licencia de apertura. Los dos restantes han sido multados uno por no poseer el libro de hojas de reclamaciones y otro por almacenar pescado destinado a la venta al público en cubos de agua –sin refrigeración, como establece la normativa– , según los datos aportados por la Policía Local.
Los agentes de Medio Ambiente habían dedicado los días previos a inspeccionar las actividades ilegales denunciadas. Cotejaron la existencia de comercios en bajos de bloques, cocheras e improvisados chiringuitos y controlaron horarios de apertura y el género expuesto a la venta. Después, intervinieron con absoluta discreción. En total fueron examinados 27 locales. Los policías solicitaron distinta documentación a los propietarios o los encargados que en ese momento atendían el negocio. Sólo hubo 9 que respetaban escrupulosamente la legalidad, con las licencias al día, certificados de comercio, etcétera.
Toda una serie de exigencias administrativas que incumplen dos de cada tres locales inspeccionados. En 16 de ellos faltaba el requisito básico: la licencia de apertura. Este documento, además de que supone un importante desembolso de dinero, garantiza la puesta en marcha de un negocio que cumpla con la normativa municipal. Los comercios instalados de forma improvisada en cocheras o sótanos de edificios –así hay muchos en Cartuja– jamás obtendrían uno de estos permisos iniciales.
Quejas de todos. La Policía Local ha actuado en respuesta de una queja mayoritaria de la barriada. Los comercios con toda su documentación en regla estaban cansados de quienes les hacían la competencia sin pagar impuesto alguno. Pero los propios vecinos también exigían una solución contundente ante la falta de garantías higiénico-sanitarias que caracterizan a los negocios que no están sujetos –porque no existen para la administración– a inspecciones, revisiones obligatorias o certificados de calidad.
La conservación en cubos de agua de piezas de pescado destinadas a la venta al público –detectado en una de las pescaderías sancionadas– es un ejemplo de las quejas a las que hacían referencia los vecinos en su denuncia en relación con la calidad de los productos vendidos en estos comercios ilegales. La Consejería de Agricultura y Pesca colaboró con los agentes municipales en las fruterías y pescaderías para analizar la calidad y conservación de estos productos.
El objetivo de la Policía Local era inspeccionar 30 negocios, pero tres de ellos (una pizzería, una bocadillería y un locutorio ubicados en la calle Henríquez de Jorquera) han permanecido cerrados durante los días de operación policial.
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