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EFE El juicio previsto para hoy contra la cajera de un supermercado de la capital granadina que, tras mantener una discusión con un cliente, le golpeó con una barra de hierro en los testículos ocasionándole diversas lesiones, ha sido aplazado hasta el próximo 8 de abril por la incomparecencia del denunciante.
Se trata de la segunda ocasión en la que se suspende la vista oral por esta causa, que inicialmente debió celebrarse el paso 21 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, han informado a Efe fuentes judiciales.
Tanto la acusada, para la que la Fiscalía solicita cuatro años de de prisión en sus conclusiones provisionales, como su marido, propietarios del establecimiento en el que ocurrieron los hechos, son de nacionalidad china y cuentan con permiso de residencia permanente en España.
La supuesta agresión se produjo sobre las 11.30 horas del 3 de abril del año pasado cuando, tras una discusión con un cliente "producida como consecuencia de su condición de cajera" del establecimiento Covirán situado en la calle Elvira de la capital, la acusada "cogió una barra de hierro" y lo siguió hasta que éste salió del local.
A continuación le dio un "fuerte golpe en ambos brazos y testículo derecho" que le causaron lesiones con "traumatismo testicular con rotura del teste derecho, rotura de túnica abuginea de teste derecho y salida de estroma testicular", además de un hematoma en su interior.
Como consecuencia de sus heridas, el hombre, que según fuentes del caso se encuentra en busca y captura por otra causa, precisó tratamiento médico quirúrgico para la reconstrucción del testículo derecho que tardaron siete días en curarse y le dejaron como secuela la pérdida de una parte de éste, una cicatriz de ocho centímetros en el escroto y disminución del tamaño testicular.
El Ministerio Público considera a la cajera del supermercado autora de un delito de lesiones por el que pide, además de la pena de cárcel, una indemnización de 3.360 euros para la víctima.
En el caso de que la acusada no se haga cargo del pago de esta cuantía, la Fiscalía considera responsable civil subsidiario a su marido, con quien era copropietaria del establecimiento.
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