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LA OPINIÓN / EFE
El primer problema que plantea la exhumación de la fosa donde supuestamente yacen el poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas es su localización real, según explicó ayer el antropólogo de la Universidad de Granada, Miguel Botella. Los cadáveres de estas cuatro personas podrían estar ubicados en dos zonas distintas –una en Alfacar, donde hoy se encuentra el parque que lleva el nombre del poeta, y la otra en un paraje cercano junto a El Caracolar, en Víznar– en las que se han hallado un mínimo de diecisiete enterramientos, por lo que el trabajo para encontrar la que se busca podría demorarse meses, según advirtió Botella.
En principio, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica sólo ha solicitado autorización para el emplazamiento situado en el Parque Federico García Lorca, donde los historiadores creen que podría encontrarse la fosa.
El antropólogo aseguró, en respuesta a la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, que es "imposible técnicamente" estudiar la fosa en la que supuestamente yacen los restos del poeta junto a los del maestro y los banderilleros sin identificarlos a todos.
Este experto, director del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR) y que ha colaborado con la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica en varias exhumaciones, aseveró que es "absurdo" hacer el estudio de una fosa en la que hay restos de varias personas "sin saber quién es quién".
Estas declaraciones se producen después de que la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, anunciara que la Junta de Andalucía sólo identificará genéticamente los restos de las personas enterradas en esta fosa si sus familiares lo han solicitado, lo que dejaría fuera los del poeta granadino, cuyos descendientes siempre se han mostrado contrarios.
Meticuloso examen. Sin embargo, Botella explicó que antes de llevar a cabo las pruebas de ADN, los restos deben ser sometidos a distintos exámenes que permitan agrupar los huesos de cada víctima y concretar a cuál de ellas pertenecen.
Así, el profesor detalló que nada más abrir la fosa, un equipo integrado por arqueólogos y antropólogos deberá trabajar "sobre el terreno" en la "individualización" de los restos, ya que lo normal en este tipo de hechos violentos es que estén mezclados, fracturados y dañados.
Posteriormente, ya en el laboratorio, se continuaría con las labores de identificación y se sometería a los restos a diversas pruebas de superposición de imágenes en 3D, para lo que se usarían las fotografías que existen de las supuestas víctimas.
"Del maestro y de los banderilleros se conoce sólo una imagen, mientras que de Lorca hay decenas", recordó el profesor Botella, para quien la última fase del proceso, la de la prueba de ADN, serviría para corroborar los resultados de todo el análisis previo.
Protocolo. La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta confirmó el miércoles que ultima un protocolo de actuación o marco jurídico que permita abrir la fosa de Lorca el próximo otoño y que partirá de la adhesión a las directrices sobre exhumaciones que tiene el Gobierno central.
Luego se elaborará un protocolo propio y de carácter general que permita abrir este tipo de enterramientos y que podrá aplicarse a las solicitudes de apertura que efectúen otros colectivos o familiares de víctimas.
No obstante, la Junta de Andalucía podría elegir como modelo de hoja de ruta el que ha seguido la Comunidad de Aragón, cuya metodología de trabajo está claramente definida.
Por lo general, se exige un trabajo previo de investigación de la fosa y del lugar de procedencia de las víctimas, para lo cual se suele contar con testimonios si es posible de testigos directos. Este trabajo previo es fundamental tanto para el arqueólogo como para el
antropólogo a la hora de la identificación.
Asimismo, antes de proceder a la exhumación se elabora un calendario de catas arqueológicas para delimitar la zona de enterramiento mediante el uso del georradar. También se establece un perímetro de seguridad que las propias familias ya han solicitado al objeto de que no se convierta en un "circo mediático".
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