Un juzgado declaró insolvente a Ávila Rojas hace 9 meses

El empresario presentó en octubre de 2008 un concurso de acreedores a título particular y el tribunal reconoció su incapacidad patrimonial para saldar deudas

P.M. El ingreso en prisión del promotor José Ávila Rojas cumple con una de las obligaciones impuestas por la Audiencia Provincial. Hay otra que aún no ha sido satisfecha: el depósito en una cuenta judicial de 10 millones de euros, operación que conforme pasan las horas parece más difícil de ejecutar.

El tribunal le impuso esta multa por los cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública cometidos en 2001 y 2002 con dos multimillonarias operaciones de compra-venta realizadas en Marbella. El fallo de la Sección Primera, ratificado por el Supremo, no quedará saldado hasta que el constructor abone esa cantidad.

La elevada cuantía de la indemnización y la débil situación económica por la que atraviesa Ávila Rojas –el juzgado de lo Mercan de Málaga lo declaró insolvente en octubre de 2008– hacen imposible el pago de los 10 millones sin tener que recurrir a créditos bancarios o venta de bienes. Esa sería la vía ´normal´ para hacer efectivo el pago. Pero si no logra ningún recurso, sus abogados podrían solicitar su declaración de insolvencia.

La Audiencia Provincial iniciaría entonces una pieza separada para intentar reunir los 10 millones de euros de debe abonar José Ávila Rojas al Estado por engañar a Hacienda.

Fue entre 2001 y 2002, cuando realizó dos operaciones inmobiliarias en Marbella que le proporcionaron 8,4 millones de euros de beneficio. La primera fue la venta de una parcela con la que logró en pocas horas 4,2 millones de euros de ganancias. En la declaración de la Renta de ese año (2001) omitió ese beneficio y, por el contrario, reclamó a Hacienda que le devolviera 21.700 euros.

Esas operaciones pusieron en alerta a los investigadores del fisco, quienes comprobaron –como afirma la sentencia– que al año siguiente hizo otra venta similar y ganó otros 4,2 millones de euros. Las operaciones las efectuó junto con la empresa CCF 21, propiedad de Carlos Sánchez, otro de los imputados en el ´caso Malaya´.

Proceso judicial. Los abogados de José Ávila Rojas pueden solicitar el pago fraccionado de la multa (el tribunal lo aceptará o no), pero los 10 millones tendrán que ser ingresados. En caso de que el condenado no lo haga, la Audiencia Provincial iniciará el proceso habitual en estos casos, que consiste en abrir una pieza separada que podría incluir una investigación patrimonial. Una vez localizados los bienes del promotor –no de sus empresas– serían embargados. El juzgado de lo Mercantil de Málaga declaró insolvente a Ávila Rojas a finales de 2008. El empresario presentó un concurso voluntario de acreedores a título particular –algo excepcional– y el juzgado lo declaró semanas después "insolvente". Si hace menos de un año se declaraba incapaz de pagar sus deudas, ahora, con 10 millones pendientes de abono, su situación es insostenible.

Con los presos ´buenos´. El promotor pasó ayer su segundo día en la cárcel. Fue trasladado por la mañana al módulo de penados primarios con buena conducta. Eso sí, permanece en uno distinto al 11, donde se encuentra Juan Antonio Roca. El promotor granadino aseguró a la Policía Nacional que haber recibido amenazas del entorno del principal imputado en la ´operación Malaya´ por negarse a entrega 18 millones de euros a la familia de Roca. Ávila Rojas ha sido examinado por un médico y se ha entrevistado con un trabajador social y el educador del centro penitenciario de Albolote.