Los fondos marinos de Granada, en peligro

Los ecologistas destacan las edificaciones que recogen los PGOU de Almuñécar y Salobreña, actuaciones que devastarían valiosos espacios

LA OPINIÓN Greenpeace vuelve a denunciar la destrucción de que está siendo pasto el litoral andaluz a consecuencia de la ambición urbanística. En la novena edición de su informe anual ´Destrucción a toda costa´, la organización ecologista señala que Andalucía es una de las comunidades que "más desprecio" muestra hacia este espacio natural.

La costa granadina también aparece reflejada en el documento como uno de los lugares de la región en los que la construcción está acabando con los fondos marinos. Es el caso de Salobreña y Almuñécar. Respecto al municipio sexitano, Greenpeace recuerda que el gobierno local contempla en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) una superficie de unos siete millones de metros cuadrados urbanizables, un 20% más del territorio municipal.

El documento actual, subraya, prevé la construcción de 1.600 residencias, con lo que la población de la localidad se elevará en 7.000 personas. Las previsiones urbanísticas, junto a la futura construcción de un nuevo puerto, provocará la desaparición completa de la playa de La Cagadilla y parte del delta del Guadalfeo. "Este desequilibrio podría estar afectando a los valiosos fondos protegidos del extremo occidental que dependen del aporte de arena", señala el informe.

Almuñécar es otro de los lugares sobre el que recaen los acusaciones de los ecologistas. Culpan al Consistorio, gobernado por Juan Carlos Benavides (CA), de intentar sacar adelante un PGOU que pretende privatizar el suelo del espacio protegido de Cerro Gordo, de "alto interés medioambiental". Añaden que también en el núcleo de La Herradura, próximo al Paraje, se ha clasificado como suelo urbano y urbanizable áreas de la vega.

Greenpeace concluye su análisis sobre la conservación del litoral granadino, recordando que Almuñécar está bajo sospecha de la justicia desde hace años por su planteamiento urbanístico. En su informe, Greenpeace también hace referencia a la petición de dos años de cárcel y veinte de inhabilitación para el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales (PSOE), por prevaricación en el caso del centro comercial Nevada.