La Junta comienza a alquilar las VPO tras los desahucios en la zona Norte

La Delegación de Vivienda abrió una bolsa de demandantes que ha recibido 325 solicitudes. Este verano se entregarán los primeros 16 pisos en el distrito

M. ÁNGELES RATIA La Junta ha comenzado a adjudicar las viviendas protegidas de Almanjáyar que han quedado vacías tras el proceso de desahucio administrativo que ha permitido recuperar la propiedad de los pisos ocupados irregularmente. Según las estimaciones de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), existen más de 1.700 viviendas protegidas en Almanjáyar, Cartuja y La Paz en las que no residen los adjudicatarios iniciales. Una irregularidad producida por varias razones: la reventa, alquiler o traspaso a un familiar sin ningún papel de por medio.

Esos pisos que han quedado vacíos serán ahora alquilados a familias necesitadas de la zona. Para gestionar la adjudicación, la Delegación de Vivienda de la Junta abrió una bolsa de demandantes que ha recibido 325 solicitudes, que han sido estudiadas detalladamente por los técnicos de la Oficina de EPSA en la zona Norte con la colaboración de algunos de los centros de servicios comunitarios de Granada.

En los últimos meses se ha requerido la documentación complementaria, se han realizado visitas a domicilio, entrevistas personales y finalmente se han emitido informes individualizados con la puntuación obtenida por cada solicitante. El pasado lunes se publicó el listado y, transcurrido el plazo para atender las posibles reclamaciones, se firmarán los nuevos contratos de arrendamiento con las personas adjudicatarias.

En esta primera fase se entregarán 16 viviendas, la mitad de ellas este mismo mes de julio. La otra mitad se retrasará a septiembre, ya que la Junta ha tenido que ejecutar obras de acondicionamiento en los pisos para poder entregarlos en buenas condiciones.

El proceso de adjudicación no ha hecho más que empezar, ya que en los próximos meses se irán incorporando todas aquellas vivienda de protección oficial que la Junta ha recuperado por no encontrarse en situación legal. Según público La Opinión, en la mayoría de los casos el problema se debe al desconocimiento de la legislación en vigor por parte de los dueños.

En otros pocos, pero muy perjudiciales para el resto de los vecinos, se trata de personas que aprovecharon para sacar dinero extra con alguna actividad ilícita, como realquilar a inmigrantes ´sin papeles´ o montar una casa de citas.