Casi 10.000 granadinos someten sus contratos de alquiler a la corte de arbitraje

EFE Un total de 9.655 granadinos han decidido someter los contratos de arrendamiento de sus viviendas al Plan de Alquiler Garantizado desarrollado por la Corte de Arbitraje para resolver posibles conflictos derivados de los alquileres sin necesidad de acudir a los tribunales.

Según los datos facilitados a Efe por esta institución, de los casi 10.000 contratos de arrendamiento que se ha sometido a este sistema de garantía desde que se puso en marcha en el año 2004, 4.135 lo hicieron a lo largo del ejercicio 2008, lo que supuso una subida del 14 por ciento respecto al año anterior, en el que se cerraron 3.622 acuerdos por esta vía.

Aunque los datos correspondientes al primer semestre de 2009 aún no se han hecho públicos, fuentes de la Corte de Arbitraje han indicado que la tendencia es "claramente al alza" y que la mayoría de los conflictos se producen debido a impagos.

De hecho, de las 126 sentencias arbitrales que se produjeron en la provincia de Granada el año pasado, un total de 120 fueron por falta de pago, cuatro por daños en el inmueble, una por subarriendo sin consentimiento del propietario y otra por impago de suministros.

La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad permite a los propietarios e inquilinos de viviendas en alquiler resolver sus posibles conflictos sin necesidad de acudir a los juzgados mediante una vía "económica, rápida y de alta efectividad".

Para someter un acuerdo de arrendamiento a este sistema hay que adjuntar al contrato el impreso de Garantía de Alquiler que asegura "en un plazo máximo de 30 días con un sólo trámite, el resultado similar a una sentencia firme de obligado cumplimiento" ante cualquier conflicto derivado de los alquileres.

Actualmente, en Granada existen 110 profesionales inmobiliarios homologados por la Corte para suscribir este tipo de acuerdos y suministrar la documentación necesaria para cerrar los mismos.

El impreso tiene un coste de 58 euros y, según la Corte de Arbitraje, permite resolver el problema en un tiempo "récord" si se compara con los nueve meses de media que se demoraría un asunto de esta materia en la justicia ordinaria.

Asimismo, esta institución asume un "compromiso de calidad" por el que, si en el plazo de 30 días desde el inicio del procedimiento no se ha producido una sentencia firme, "adelanta la indemnización demandada", una medida que "no sólo ampara al arrendador" ya que el inquilino también "tiene protegidos todos sus derechos".

En Andalucía, con 3.012 sentencias, se sitúa como la tercera comunidad que ha registrado más resoluciones arbitrales por conflictos de impago, tras Cataluña (5.817) y Madrid (3.262).