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L.O. El colectivo de organizaciones en favor de personas con discapacidad intelectual consideró “inadmisible” esta posibilidad. “Una medida de tal tipo requeriría un completo y exhaustivo protocolo, autorización expresa por un técnico competente, psicólogo o psiquiatra, conocimiento y autorización por la familia”, señaló la asociación.
FEAPS añadió que medidas de tal tipo “restringen y violan derechos personales, autorización judicial”, por lo que su uso “sólo se admite en instituciones de otras características, y como medida excepcional, cuando no existan otras alternativas más normalizadoras, con la directa y continua supervisión profesional”.
El colectivo mostró su apoyo a la asociación de padres del centro, al tiempo que exigió a Educación “una exhaustiva investigación, con la presencia ineludible de los padres de los alumnos hasta determinar las condiciones de uso de la instalación”.
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