Un matrimonio jubilado se siente ´acosado´ por la inmobiliaria

Un octogenario colaborador de la UGR y su mujer denuncian a la Policía los trastornos que sufren por el corte de luz en el interior del inmueble desde hace un mes

ÁLVARO CALLEJA No es la primera vez que un matrimonio de avanzada edad que reside en un tercer piso en alquiler de la calle Ancha de Capuchinos denuncia un presunto caso de "acoso inmobiliario" por parte de la empresa inmobiliaria que adquirió el inmueble en 2006. Hace más de un mes, el matrimonio acudió a la Comisaría de Policía después de que le cortaran el suministro de luz en la escalera y en el interfono del portal, lo que dificulta su movilidad y le ocasiona múltiples incomodidades.

La pareja, que prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, lleva residiendo en dicho inmueble 50 años con un contrato de renta antigua que asciende a 210 euros mensuales. Él, ingeniero jubilado octogenario y apasionado de la música, dedica su tiempo libre al estudio e investigación: colabora con el departamento de Arqueología Medieval de la Universidad de Granada y es traductor de transcripciones árabes.

Aún conserva la movilidad para desplazarse con cierta destreza pero, desde hace un mes, tanto él como su mujer, de 70 años de edad, viven sobresaltados por los obstáculos que a diario deben salvar para hacer una vida normal.

Aunque pueda parecer una cuestión para muchos insignificante no disponer de luz en las escaleras, lo cierto es que desde hace un mes el matrimonio no descansa.

Sin suministro. La falta de suministro eléctrico en las escaleras aumenta la peligrosidad y sus temores a sufrir un accidente. De hecho, cuando oscurece se ayudan de linternas para evitar un desgraciado percance. En caso de urgencia médica, la situación es aún más complicada; la correspondencia no llega o llega tarde al no poder acceder el cartero al interior del inmueble pues el interfono no funciona; el servicio a domicilio para la compra en supermercados se ve igualmente entorpecido; así como la lectura de los contadores de luz y agua a cargo de los inspectores, lo que en ocasiones se traduce en facturas más elevadas.

Por si fuera poco, se ven obligados a pagar a la limpiadora que, en los últimos meses, está teniendo más trabajo del habitual por las obras de rehabilitación que la empresa inmobiliaria ha realizado en la fachada y en el interior del inmueble hasta los dos primeros pisos, convertidos ahora en apartamentos para su venta [no se hace cargo de la rehabilitación y del coste de los dos pisos superiores donde viven el matrimonio y otras dos personas de avanzada edad].

También han sufrido sobresaltos por el mal estado de la puerta de entrada al edificio que, en algunas ocasiones, ha sido forzada por forasteros.

Sin olvidar que cada vez que tienen visitas, estos deben avisar por teléfono para que ellos puedan bajar tres pisos para abrirles la puerta.

Todo ello ha sido denunciado no sólo a la Policía Nacional, que por el momento no hecho acto de presencia, sino al Defensor del Ciudadano, la Junta de Andalucía e incluso al Ministerio de la Vivienda, sin resultado alguno.

La inmobiliaria, a la que el matrimonio acusa de haberle "coaccionado" en su momento para que abandonaran la casa donde se han criado sus hijas, aseguró hasta en dos ocasiones a este diario que el problema de la luz era una "cuestión de días".

Lo cierto es que el matrimonio llegó incluso a instalar por su cuenta un contador que pagaban religiosamente entre los cuatro inquilinos que no han querido abandonar sus casas, pero la inmobiliaria ejerció su derecho de propiedad y avisó a Endesa al objeto de que se procediera a cortar el suministro por "irregularidades".

En la primera conversación que este diario tuvo con la inmobiliaria, una semana antes del Corpus, ésta aseguró que se la luz estaba pendiente de la constitución de la comunidad de propietarios. En la segunda charla, el pasado miércoles, la comunidad ya estaba creada y, por tanto, la instalación de la luz era una cuestión de 48 horas.

Ayer el matrimonio recibió una carta certificada, que tuvieron que recoger en las oficinas de Correos al no contactar el cartero con sus destinatarios. En ella se comunica que la inmobiliaria cobrará el alquiler los meses de julio y agosto y que, a partir de septiembre, unos nuevos propietarios ser harán cargo del cobro de los arrendamientos, sin que haya trascendido la identidad de los mismos.

Lo cierto es que el matrimonio ya emprendió con anterioridad acciones judiciales contra la inmobiliaria pero el caso se archivó sin que llegaran a comparecer ante el juez.

"La vida se hace imposible, no somos gente de posibles y dinero; lo único que deseamos es que se respete a los vecinos y que de una vez por todas se termine la pesadilla de la que estamos siendo víctimas", comenta el vecino afectado.