El fiscal pide entre 22 y 36 meses para doce acusados de estafar a bancos

Entre los imputados figuran cinco indigentes que los ideólogos del plan utilizaban para obtener créditos con documentación falsa y comprar coches que revendían a terceros

ROCIO S. NOGUERAS El fiscal pide entre 22 meses y 3 años de cárcel para doce acusados de participar en una estafa a varias financieras, a las que solicitaban créditos con documentación falsa y una cuenta sin fondos en la que las entidades intentaban, sin éxito, efectuar los cobros. De los doce imputados, cinco son indigentes o toxicómanos que los ideólogos de la trama utilizaban para llevar a cabo la operación, y el resto organizadores o personas que supuestamente participaron en la captación de ´compradores´, el falseamiento de los documentos o la agilización de los trámites de compra fraudulenta de los vehículos en el concesionario.

Trama. Según consta en el escrito de acusación del fiscal, Luis Salcedo Faura, varios de los acusados ejecutaron un plan "con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito", consistente en comprar automóviles en dos concesionarios utilizando para ello a un indigente o toxicómano, "y, por ello, sin bienes con los que hacer frente a la responsabilidad de la compra", a quien previamente se le había prometido una cantidad de dinero "o la entrega de una sustancia que, si hubiera sido incautada y analizada, probablemente hubiera sido droga".

El Ministerio Público añade, en su escrito de acusación, que los promotores de la operación facilitaban, presuntamente, a los mendigos una documentación y una nómina falsas para poder avalar con sus firmas la recepción de créditos al consumo. Para ello, se utilizaba el nombre de empresas sin actividad, de las que supuestamente eran empleados.

Una persona se encargaba de "captar" al indigente que acudía al concesionario, donde uno de los vendedores actuaba como cómplice "facilitando tanto la venta del vehículo como la obtención de la correspondiente financiación". Una vez comprado el coche, procedían a los pocos días a su venta al concesionario "a través de otro acusado igualmente concertado" del que, según el escrito de la acusación, "no se ha acreditado que estuviera al tanto de la operación". Éste, a su vez, llevaba a cabo la venta del vehículo, de modo que "se impedía la futura reclamación del automóvil al haber sido adquirido por un tercero de buena fe". Ninguna de las cuotas de los créditos contratados fue abonada por los prestatarios.

Durante la investigación, que se inició en mayo de 2007, se detectó que las entidades financieras perjudicadas se mostraron reticentes en muchos casos a presentar denuncia, ante el temor de que estos asuntos afectaran a su imagen.

Penas. La acusación pública pide ahora 22 meses de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de seis euros para cuatro de los cinco indigentes que participaron en la estafa y tres de los implicados en la trama, por los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa.

Para el resto de los organizadores del plan, así como para una de las indigentes, que participó dos veces en la operación, el fiscal solicita una pena de tres años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de seis euros por los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa.

La petición fiscal contempla, asimismo, el pago de indemnizaciones por parte de los acusados a las dos financieras que fueron, presuntamente, estafadas, y solicita que se declare la responsabilidad subsidiaria de uno de los concesionarios en las indemnizaciones correspondientes a una de las entidades.