La Audiencia decidirá sobre Ávila Rojas

El tribunal provincial recibe del Supremo la sentencia que ratifica los 8 años de cárcel para el promotor y debe decidir cuándo lo envía a Albolote

P.M. El ingreso en prisión del promotor granadino José Ávila Rojas podría producirse en cuestión de días. La decisión está en manos de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a cuya sala ha llegado ya la notificación de la sentencia del Supremo que ratifica la condena a 8 años de cárcel por cuatro delitos contra la hacienda pública.

Fuentes judiciales confirmaron que el tribunal granadino ha recibido la notificación del Supremo, que se produce apenas una semana después de que se diera a conocer públicamente. El Tribunal Supremo la envía "a los efectos legales oportunos", es decir, para que la Audiencia Provincial declare firme su sentencia de 2008 y acto seguido decrete su ejecución.

Distintas fuentes judiciales consultadas han explicado que el cumplimiento del fallo consistiría en ordenar a José Ávila Rojas que voluntariamente se presentase, dentro de un plazo concreto, en el centro penitenciario de Albolote para cumplir los seis años de cárcel que como pena máxima reconocía la sentencia. En caso contrario se decretaría su búsqueda y captura.

Paralelamente se ha de decretar la ejecución de la multa y la responsabilidad civil, que en total alcanzaría los 10 millones de euros. Se da la circunstancia de que en noviembre de 2008 el Juzgado de lo Mercantil de Málaga reconoció su condición de "insolvente", pero a título personal. Las fuentes precisan que esa declaración patrimonial carece de efectos en este caso.

Al promotor granadino le queda el recurso de amparo al Constitucional. Sus abogados pueden presentar ante la Audiencia una solicitud de suspensión de la condena hasta que se resuelva el recurso, aunque las fuentes insisten en que es "improbable" que sea estimada.

Fraude fiscal. José Ávila Rojas ha sido condenado por un fraude fiscal cometido entre 2001 y 2002 en la operación de compra-venta de dos fincas en Marbella. En Hacienda llamó demasiado la atención el hecho de que un promotor tan reconocido y con tantos intereses en Andalucía declarase en la Renta que le correspondía una devolución de 21.719 euros. Los inspectores investigaron a fondo sus negocios. Al final se detectó que en las millonarias operaciones urbanísticas eludió el pago de sus obligaciones de IVA e IRPF. La Audiencia Provincial aceptó la tesis del fiscal, que insistió en que Ávila Rojas siempre actuó como empresario, y no como particular. Esa era su defensa, pero le falló.