La Fiscalía alerta del aumento de la criminalidad inmobiliaria

La nueva modalidad delictiva, vinculada a la estafa, está causando efectos "devastadores" en la economía de las familias

ÁLVARO CALLEJA La Fiscalía Superior de Andalucía ha alertado de los efectos "devastadores" que está teniendo el cada vez más frecuente fenómeno de la criminalidad inmobiliaria en las economías familiares. Durante la presentación de la memoria de actividades de 2008, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se refirió a esta nueva forma de criminalidad vinculada a la estafa que ha aflorado en el último año con una intensidad "preocupante" y que requiere de un "tratamiento policial y jurídico penal diferenciado".

Este fenómeno delictivo está ligado a la adquisición de viviendas, cuando se produce un abono parcial de grandes sumas de dinero por parte de particulares –las denominadas entradas para la compra de pisos–, sin que lleguen a recibir sus casas o, en el mejor de los casos, descubren una serie de irregularidades que acaban por conducirlos a los juzgados como único mecanismo para conseguir la satisfacción de sus derechos más elementales.

García Calderón aclaró que este tipo de situaciones no tienen por qué estar asociadas a la crisis económica sino que se integran en una nueva modalidad de estafa. No obstante, se mostró partidario de un tratamiento personalizado pues afectan a bienes de primera necesidad. En la memoria se apuesta por la necesidad de "promover investigaciones policiales que en la actualidad no tienen, puesto que la actuación jurisdiccional sólo tiene lugar tras la interposición de denuncias o querellas por los particulares afectados".
Injurias a cargos públicos. Como ya hiciera en la memoria de 2007, el Ministerio Fiscal llama la atención sobre los casos de injurias o calumnias vertidas sobre autoridades o funcionarios públicos a consecuencia de conductas o decisiones adoptadas en el ejercicio de sus cargos.

En estos casos, la acusación pública ha tenido que "proceder de oficio" contra quienes "con temerario desprecio de la verdad, evidente mala fe y dando toda la publicidad posible a su actividad", realizaron manifestaciones públicas o incluso emprendieron acciones legales contra aquellos que actuaban en cumplimiento de su deber.