Á.C. GRANADA
El bullicio originado por un grupo de seis personas que se habían concentrado justo debajo de su vivienda en el Albaicín alertó a Carmen S.S. que en ese momento se encontraba con su hija, embarazada de mellizos, en la residencia de su hermana Rosario. No era una visita de cortesía. El grupo de personas que esa mañana se presentó en la vivienda de la calle Molino de Corteza de San Andrés, situada en el Bajo Albaicín, tenía el propósito de proceder al corte del suministro del agua.
El incidente tuvo lugar a mediados del mes de mayo. Uno de ellos, inspector de Emasagra, comunicó a Carmen que tenían orden judicial para acceder al interior de la vivienda donde se encuentra el contador y llevar a cabo la suspensión del suministro por impago de varias facturas. El inspector, que dijo disponer de una orden judicial, estaba acompañado de agentes policiales de paisano y un cerrajero.
Al ser una vivienda antigua y tener el registro del agua en el interior de la vivienda, era necesaria una autorización judicial.
Según la versión de la familia, la vivienda estuvo alquilada durante algún tiempo pero los inquilinos no cumplieron con su obligación de pago, por lo que ellos se resistieron a reconocer la deuda.
Los técnicos. "Me sentí bastante mal –recuerda Carmen–, no fue una situación agradable porque venían con amenazas y de muy malos modos". Ella llamó a su hermana por teléfono para informarle de lo que estaba pasando y se vio obligada a acudir rauda a una entidad bancaria para abonar la cantidad reclamada.
Según fuentes de Emasagra, la empresa mixta de abastecimiento de agua, el corte del suministro es una medida excepcional que se adopta cuando se han agotado todas las vías posibles para llegar a un acuerdo con el moroso. La empresa da ciertas facilidades para el pago fraccionado al objeto de saldar las facturas atrasadas pero sí persiste su intención de no pagar y la deuda supera los 1.000 euros se emprende un contencioso administrativo que persigue contar con la autorización del juez para cortar el agua.
Fuentes de Emasagra precisaron asimismo que para cortar el agua se aplica el reglamento de suministro establecido por la Junta de Andalucía y que la Delegación de la Consejería de Innovación y Ciencia tiene siempre conocimiento del asunto. Estas mismas fuentes entienden que las declaraciones realizadas por Carmen S.S. son falsas, puesto que "no podemos actuar sin orden judicial".
Emasagra, que dijo desconocer el caso concreto de la calle Molino de Corteza de San Andrés, también precisó que la empresa está obligada a reclamar la deuda al titular del contrato a no ser que con anterioridad haya comunicado el cambio.
Carmen relata que el grupo que se personó en la vivienda permaneció en el lugar unas dos horas a la espera de confirmar si efectivamente su hermana había procedido a saldar la deuda o, por el contrario, era una treta más para eludir el pago. No pueden llegar a amedrentar de esta forma con el corte del agua, me parece que hay que cuidar las formas", opina la afectada. Lo que le pareció extraño fue que el técnico de Emasagra aludiera a la orden judicial para llevar a cabo su propósito y que, en ningún momento, esgrimiera dicha autorización.
Pero más sorpresa se llevó cuando una vez que la cuestión quedó zanjada y el grupo abandonó el lugar, apareciera un funcionario judicial con la orden en la mano, según su propio testimonio. "Después de que se fueran estos señores vino una persona del juzgado con una notificación para mi hermana. Me resultó todo muy extraño porque no entendía cómo se podían adelantar y decir que tenían una orden judicial para entrar en la casa". Emasagra ha cortado el suministro de siete viviendas en este año, cuyos inquilinos acumulaban deudas desde hacía una década.