Granada acumula 10.000 ejecutorias pendientes

Los sindicatos de la Junta de Personal de Justicia en Granada reclaman más medios materiales y humanos para los juzgados de la provincia.

EFE Los sindicatos que integran la Junta de Personal de Justicia en Granada han reclamado hoy más medios materiales y humanos para los juzgados de la provincia, que pasarían por nuevos órganos judiciales de lo Penal que aliviasen la carga de 10.000 ejecutorias pendientes que hay actualmente.

El portavoz de la Junta de Personal, Nicolás Núñez, ha asegurado hoy a los periodistas que hay muchos casos en los que las ejecutorias "se dilatan durante años", tiempo que pasan "apalancadas en los pasillos" porque no hay tiempo "ni para revisar en qué situación se encuentran".

Durante una concentración de delegados sindicales a las puertas de los juzgados de La Caleta, Núñez ha advertido de que pueden darse "más casos como el de la familia Cortés" y que "lo raro es que no ocurran" porque a día de hoy no están garantizados los derechos y libertades públicas con los medios de los que se dispone, ha añadido.

Ha hecho referencia a la "gravedad" de que se acumulen estas ejecutorias "tanto para el penado como para los perjudicados", que están convirtiendo la situación en "ingobernable".

El portavoz sindical ha asegurado que lo que piden es una mejora del servicio público y no aumentos salariales, ya que la administración "no está dando ninguna salida" tras un año de negociaciones y los recursos que se nombraron "los están cesando".

Núñez ha afirmado que se está duplicando el número de procedimientos en los juzgados y que la situación además está afectando al resto de jurisdicciones, como Primera Instancia o Social.

Las peticiones de los sindicatos se centran en la creación de tres juzgados de lo Penal, dos con sede en Granada y uno para el partido de Motril, además del "imprescindible" aumento de plantilla en otros tres funcionarios.

Se propone también que se establezca un plan de asistencia voluntaria por las tardes para normalizar la situación y que se estudiase la viabilidad de crear un servicio común de ejecución de sentencias, entre otras.