Emasagra recurre a órdenes judiciales para cortar el agua

La empresa pública reconoce que acude a los tribunales en casos excepcionales para lograr el cobro a los morosos. Los técnicos quitan los contadores acompañados de policías y cerrajeros

P. MARISCAL / Á. CALLEJA La empresa municipal del agua solicita al cabo del año alrededor de una veintena de mandamientos judiciales para entrar a la fuerza en los domicilios de los morosos, cortar el suministro y precintar –o desmantelar– el contador del agua. Suelen ser inmuebles antiguos que tienen el registro en el interior de la vivienda, de ahí que necesiten una orden judicial.

Los técnicos de Emasagra han realizado en lo que va de año seis actuaciones de este tipo, según han reconocido fuentes de la empresa. Son casos "muy excepcionales" –precisan– que requieren un despliegue realmente llamativo. Los inspectores se presentan en el domicilio del deudor acompañados de dos policías locales y de un cerrajero, que es el encargado de manipular las cerraduras para permitir el acceso a la casa. Los agentes actúan como fedatarios de la intervención, según explicaron fuentes oficiales del Ayuntamiento de Granada.

Emasagra afirma que en un año suelen presentar una veintena de solicitudes judiciales de este tipo. Todas se dirigen a los juzgados de lo contencioso administrativo. Los magistrados son quienes valoran si la cuantía de la deuda o el incumplimientos por parte del abonado de las notificaciones previas para normalizar la situación son motivo suficiente como para acceder a la pretensión de la empresa municipal de entrar a la fuerza en el piso para cortar el suministro.

Emasagra recurre a esta medida tan drástica cuando se adeudan cantidades acumuladas tras muchos años de impago. Los responsables de la empresa han mostrado a La Opinión procedimientos judiciales en los que se pretende saldar facturas acumuladas desde 1998 y que siempre superan los 1.500 ó 1.800 euros de media. Otro de los procedimientos judiciales se refiere a un total de 69 facturas pendientes.

Los jueces no conceden las órdenes de entrada en domicilio sin antes comprobar, por ejemplo, que Emasagra ha agotado todas las vías previas para advertir al usuario de las consecuencias del impago y de ofrecer incluso facilidades como el fraccionamiento del abono entre seis y doce meses. Después llega la intervención más radical. Policías, orden judicial y cerrajero. El abonado, además, tiene que pagar después –porque Emasagra se lo reclama– la factura del profesional que le ha reventado la cerradura, explicaron las fuentes.

Advertencias previas. Parece evidente que la empresa municipal del agua no está dispuesta a pasar por alto los recibos impagados. En Granada hay 3.895 personas que no abonan el suministro. Emasagra tiene establecido un protocolo muy estricto para reclamar las facturas pendientes que sigue al pie de la letra lo estipulado en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua en Andalucía.

La primera medida que adopta la compañía cuando detecta varios recibos impagados es enviar una carta al cliente en el que le ofrece un plazo voluntario de 30 días. Si no lo cumple, remiten un primer aviso en el que se da un margen de 22 días naturales. El siguiente escalón es la comunicación oficial del corte, de la que se debe dar cuenta a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada. La orden de suspensión del suministro se comunica al abonado y al instalador.

Esos son los plazos administrativos. Después llegan las reclamaciones por vía judicial. La habitual es la jurisdicción civil, a través de un proceso monitorio. Este herramienta procesal fue ideada por el legislador para dar una correcta solución a las necesidades de una ejecución crediticia rápida y efectiva.

Emasagra ha confirmado a este periódico que al año suele presentar entre 600 y 800 procesos monitorios contra morosos. Estas reclamaciones de deuda están sometidas a un proceso judicial, pero no implican la autorización de una entrada al piso.

Estos casos, los más singulares, se hacen en la vía contenciosa administrativa. El juez permite la entrada al domicilio en un porcentaje de ocasiones muy inferior al solicitado por la empresa municipal del agua. En lo que va de año se han librado seis mandamiento judiciales de entrada, según reconoce la propia Emasagra. La media anual es de una veintena.

Con el agua al cuello. Los recibos de Emasagra salen al fin y al cabo de la misma cuenta de la que se paga la hipoteca, el gas, la luz, etcétera. La crisis económica ha disparado el número de morosos; también de los que no pueden pagar el agua.

En Granada hay 180.000 abonados a Emasagra. 3.895 son deudores y de ellos 930 han dejado de pagar coincidiendo con la llegada de la crisis. La empresa está barajando la posibilidad de conceder facilidades a las familias con apuros económicos para que puedan pagar la factura en cuotas más asequibles.