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ÁLVARO CALLEJA
El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha dado traslado a las partes para que formulen escrito de acusación contra el que fuera diputado nacional del PP y primer teniente de Urbanismo de Ogíjares, José Luis del Ojo, el único imputado en la supuesta trama de irregularidades urbanísticas en el citado municipio del área metropolitana.
En el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso La Opinión, se atribuye a Del Ojo dos posibles delitos de prevaricación después de que la Audiencia Provincial reabriera en parte una causa que el juez instructor archivó por entender que su alcance no tenía trascendencia penal.
El recurso presentado por la Fiscalía al sobreseimiento de la causa prosperó en dos de las cuatro cuestiones que eran, en un principio, objeto de la investigación: la adjudicación de la Casa de la Cultura y unas obras fraccionadas de remodelación de distintas calles de Ogíjares.
Lo concerniente a las supuestas irregularidades en la construcción de la piscina cubierta y el pabellón deportivo han quedado fuera. Ni el instructor ni la Audiencia consideraron que el procedimiento seguido en dichas contrataciones constituyó delito alguno.
El juez José Luis Ruiz Fernández –que asumió la investigación después de que el magistrado al que le había correspondido por reparto, Josep Sola, se inhibiera del procedimiento por una posible incompatibilidad– se limita en el auto a reflejar los argumentos de la Audiencia dando traslado al fiscal y a las acusaciones particulares a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación –el auto tiene fecha de 29 de mayo–, el paso previo a la apertura de juicio oral.
El juez, con carácter previo, desestimó la pretensión de nuevas diligencias de investigación por considerar "agotada" la fase instructora. En este sentido entiende que la Audiencia ha delimitado los hechos objeto de la imputación a José Luis del Ojo, que se recogen en el artículo 404 del Código Penal y que guarda relación con los delitos contra la Administración pública. En concreto, el de prevaricación de funcionarios públicos que se castiga con una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
El que queda al margen del proceso es el ex alcalde de Ogíjares y actual concejal del grupo independiente GIO, Francisco Plata. Tanto a él como a Del Ojo se le imputaba inicialmente la comisión de varios delitos de prevaricación administrativa y de un delito de obtención ilícita de subvenciones públicas. El ´caso del Ojo´, a los que tantos titulares se ha dedicado en los últimos dos años, se ha quedado reducido a las obras de la Casa de la Cultura y a las de diversas calles del pueblo.
En el primero se cuestiona que la obra se adjudicara de forma "verbal" a la empresa UCOP y luego se intentara disfrazar la contratación dándole apariencia de legalidad. El objetivo era "evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación". El otro asunto polémico afecta a las obras realizadas en la Plaza, Calle Real y calle Veracruz, así como a las efectuadas en el Ayuntamiento que, según sostuvo en su día la Audiencia, fueron contratadas por Del Ojo personalmente a dos empresas, "sin respetar ninguna de las normas de procedimiento que prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". El contrato se fraccionó en cuantías inferiores a 30.000 euros con el propósito de eludir los trámites que impone la ley.
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