Un constructor de Granada, multado por emplear a un menor ilegal

El empresario trasladó y contrató de manera irregular a un menor de boliviano para trabajar en una obra.

EUROPA PRESS La Audiencia de Granada ha condenado al pago de una multa de 14.000 euros a un constructor granadino por trasladar y contratar ilegalmente en España a un menor de Bolivia para trabajar en una obra de la capital granadina.

En la sentencia de la Sección Segunda, a la que tuvo acceso Europa Press, se considera probado que fue sobre el mes de junio de 2006 cuando el menor, de 16 años, que estaba trabajando en una tienda de artesanía en Cochabamba (Bolivia), conoció al procesado, que se presentó como 'Mariano' y le convenció para que dejara su trabajo y se trasladara a España, donde le ofrecería trabajo en otro establecimiento, también de artesanía, que pretendía abrir en Granada.

Para conseguir su propósito, el inculpado le entregó al chico un total de 400 dólares para que éste pudiera afrontar los gastos del viaje, y le convenció para que consiguiera un pasaporte falso, con otro nombre y edad de nacimiento distintos al suyo, con la finalidad de poder trabajar en España sin problemas por razón de edad.

De igual manera, le mandó por fax un billete de avión, sobre el mes de octubre de 2006, que tenía como destino Madrid-Barajas. También le pagó sus primeros días de estancia en un hotel de Granada y, el 3 de noviembre de ese año, le proporcionó trabajo como carpintero en una obra que se estaba efectuando en la calle Darrillo de la Magdalena de la capital granadina, a cambio de pagarle 500 euros al mes.

Sin embargo, en los siete meses que estuvo trabajando el menor en la obra, éste sólo recibió un total de 200 euros, puesto que el procesado le dijo que no le pagaría lo que le correspondía por su labor hasta que no le abonara la cantidad que le había supuesto su traslado a España.

El acusado, que le proporcionó piso al menor para su estancia en Granada, le retiró toda su documentación con el pretexto de que se la iba a regularizar, cuando realmente lo que pretendía era evitar que se marchara sin pagarle lo que había gastado en su viaje a España.

El fiscal pedía inicialmente para el acusado, de iniciales C.I.P.B. y 32 años, una pena de cinco años de prisión si bien en el acto del juicio oral, celebrado el pasado 14 de mayo, modificó su solicitud a dos años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores. Aunque la defensa mostró entonces la conformidad con la pena pidió, que le fuera sustituida por el pago de una multa, como así ha sido finalmente.