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MIRIAM MILLÁN
Al Servicio Andaluz de Salud (SAS) no debe parecerle que tres años sea un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para determinar la distribución de las plazas laborales que ofertó en 2006, cuando miles de médicos se presentaron a unas oposiciones públicas cuyo proceso de adjudicación se antoja interminable.
Granada no es una excepción. Pese a que la Junta de Andalucía sigue sin comunicar oficialmente el número de puestos de especialización que otorgará a cada uno de los centros hospitalarios de la provincia, se estima que serán un total de 125, según afirmaron a La Opinión fuentes sanitarias. Es decir, que ése es el número de médicos que tras haber aprobado los correspondientes exámenes tendrán una plaza en propiedad en Granada, si bien continúan ignorando cuál es el destino de la misma, ya que que la Consejería de Salud todavía no las ha asignado y, por tanto, comunicado.
Esta situación de "incertidumbre" es un claro obstáculo a "su conciliación familiar y laboral", puesto que desde 2006 no pueden hacer los planes pertinentes que conlleva un traslado (por ejemplo, la escolarización de los hijos) en el supuesto de que la plaza que le asignen no corresponda al lugar solicitado o en el que actualmente trabajan como interinos. Así lo entiende y critica el presidente del Sindicato Médico de Granada (SIMEG), Francisco Cantalejo, para quien la demora y consecuente espera "distorsiona" las vidas de los facultativos, que a fecha de hoy "y sin saber cuánto tiempo más pasará" no sólo no pueden consolidar sus puestos de trabajo, si no que ni siquiera saben "si tienen opción de quedarse en Granada o deberán optar a una plaza en otra provincia andaluza".
De este modo, se evidencia "el maltrato al que somete el SAS a su personal", subrayó el presidente de SIMEG. Pero ésta no es la única queja que la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2006 le suscita a la organización sindical, que también lleva tres años pidiendo y esperando a que la administración les facilite el planillo de respuestas de uno de los tres exámenes que conformaron las oposiciones. Se trata de la prueba de competencia, cuyas notificaciones han sido comunicadas pero no así las preguntas contestadas, "de modo que no se puede examinar y verificar si la realidad se ajusta a las notas que el tribunal ha otorgado en cuanto a si el médico es competente o no para el puesto al que oposita", destacó Cantalejo, para quien sobran los motivos para una tercera crítica.
Disparidad de criterios. A juicio del representante sindical, resulta "preocupante la ausencia de criterios técnicos" de la Junta para determinar el número de plazas que debe asignarse a cada centro. O dicho de otro modo, en vez de distribuir los puestos en función, por ejemplo, de la carga asistencial del hospital o de sus necesidades reales de personal, el modelo a seguir es que sean "las gerencias de cada hospital las que se peleen con los servicios centrales del SAS para intentar conseguir el mayor número de plazas posible". Ello provoca, según Cantalejo, que "no haya control alguno sobre los procesos de asignación", al tiempo que favorece a aquellas gerencias cuyo "signo político" o capacidad de negociación les permita llevarse un trozo de ´pastel´ más grande que el resto.
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