JORGE PARADINAS
El Plan Bolonia no convence a todo el mundo en la comunidad universitaria. Las manifestaciones estudiantiles contra el nuevo modelo universitario, que debe estar implantado en los primeros cursos de las universidades españolas en octubre de 2010, son de sobra conocidas. La oposición del profesorado, sin embargo, había permanecido hasta ahora oculta en un segundo plano. En la mayoría de los casos tan sólo se trata de manifestaciones de profesores a título personal, sin peso grupal. Los profesores de Derecho, sin embargo, han roto con esta dinámica a través de un manifiesto en el que se pide públicamente que los estudios jurídicos desaparezcan de los planes de estudios incluidos en Bolonia.
El texto fue firmado inicialmente por nueve prestigiosos catedráticos de Derecho, entre ellos Aurelio Menéndez y Francisco Laporta, de la Universidad Autónoma de Madrid; Luis Díez-Picazo, magistrado del Tribunal Constitucional; Santiago Muñoz Machado; de la Complutense de Madrid; Francesc de Carreras, de la Autónoma de Barcelona; o Manuel Atienza, de la Universidad de Alicante. Lo destacable es que no se trata de una postura minoritaria, puesto que el manifiesto ya ha recibido, en apenas un mes, al apoyo de otros 632 profesores universitarios de Derecho, todos insatisfechos con los cambios que se producirán en esta carrera a raíz de llegada del Espacio Europeo. Entre los firmantes figuran hasta diez profesores de la Universidad de Granada (UGR), como, por ejemplo, Modesto Saavedra, catedrático de Filosofía del Derecho; María Luisa Maqueda, catedrático de Derecho Penal; o los profesores titulares Ana Rubio, Carmen Ordoño y Mariano Maresca.
"El proceso de Bolonia puede suponer para los estudios de Derecho en nuestro país un paso atrás irreversible que determinará la degradación de las profesiones jurídicas y el empequeñecimiento de la aportación de los juristas a la organización de la convivencia y la estructuración de la sociedad española del siglo XXI", reza el documento suscrito por los profesores. "Nos sentimos en el deber de solicitar con toda firmeza que los estudios jurídicos sean excluidos del proceso de Bolonia y tratados con el rigor que su importancia requiere", añade el documento.
Perfil inferior. Los firmantes consideran que "el camino que está tomando el diseño de los planes de estudio de Derecho en España ignora el papel de los juristas en la compleja sociedad actual y se dirige únicamente a fomentar un perfil inferior de profesional como mero aplicador mecánico de normas vigentes". Los profesores temen, por tanto, que el nuevo título de grado, que reducirá su duración de cinco a cuatro años, suponga una pérdida de prestigio para la profesión. En los nuevos planes de estudio "se confunde lamentablemente lo que debe ser un grado en derecho con lo que es un ciclo de estudios profesionalizado para la formación de personal subalterno".
Tampoco es la primera vez que profesores de Derecho de la UGR advierten de que el proceso de Bolonia "no tiene porque ser necesariamente la panacea que subsane los males de los estudios jurídicos, ya que no siempre lo que viene de Europa tiene que ser bueno o aceptado sin cortapisas". El manifiesto recuerda en este sentido que "las primeras experiencias del proceso de Bolonia aplicadas al Derecho han sido en algunos países tan desastrosas que han determinado su abandono", y pone el ejemplo de Alemania, país que "simplemente ha declinado la invitación europea a unirse a la aventura". La conclusión no puede ser más preocupante: "Si se realiza la reforma sencillamente no tendremos juristas aptos para afrontar el futuro".
Llama la atención, en cualquier caso, que la UGR es, entre las principales universidades españolas, una de las que menos docentes aporta a este escrito. La ´rebeldía antibolonia´ parece más consolidada en el profesorado de campus como la Complutense de Madrid, la Autónoma de Madrid o Salamanca.