L.ORTIZ / AGENCIAS
La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Alhendín pudo incurrir en un delito de prevaricación urbanística al haber concedido licencias de primera ocupación de las viviendas construidas por Frai en la urbanización Novosur pese a contar con informes desfavorables del secretario y el arquitecto municipal.
El ministerio público ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia del grupo municipal del PP de Alhendín, que precisamente promovió durante su mandato la urbanización Novosur.
Las múltiples irregularidades detectadas en los trámites de la citada macrourbanización provocaron la detención del ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández y del ex alcalde, José Guerrero (ambos del PP), que están imputados en el ´caso Marchelo´ por supuesto cohecho y prevaricación.
No obstante, el PP mantiene que las licencias de primera ocupación fueron concedidas por el actual equipo de gobierno (PSOE) pese a la existencia de dos informes desfavorables: el emitido por el arquitecto técnico municipal y el del secretario del Ayuntamiento, que hacía constar que la concesión no se ajustaba a la legalidad vigente al no incluirse en el expediente el acuerdo de la dirección general de Infraestructuras autorizando las obras.
En un decreto, la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo considera "evidente" que del informe y la documentación aportadas en la denuncia se deduce que los hechos pueden entrañar, "cuando menos" y a falta de las comprobaciones oportunas, "alguna responsabilidad con trascendencia penal" como un delito de prevaricación urbanística del que serían responsables el alcalde, Miguel Ángel Gamarra, y los cuatro ediles que integran la Junta de Gobierno Local.
Diligencias. En el marco de la investigación, la Fiscalía resuelve practicar una serie de diligencias como la de que se aporte copia de las licencias otorgadas y del informe jurídico y técnico adjuntado a las mismas, los acuerdos de la Junta de Gobierno Local en los que supuestamente se acordó la recepción de las obras de urbanización y el decreto del alcalde por el que se llevó a cabo la delegación de competencias a este órgano para el otorgamiento de las licencias. También oficia al Seprona para que practique las diligencias oportunas al objeto de esclarecer los hechos.
Las viviendas a las que se refiere la denuncia son las promovidas por la empresa Frai en la urbanización Novosur, cuyas licencias fueron paralizadas en su día por el Ministerio de Defensa por invasión de las servidumbres de la base aérea de Armilla hasta que un acuerdo, que obligaba a la promotora a introducir las correcciones necesarias como la limitación de la altura de algunos de los edificios, permitió desbloquear la situación.
Respuesta municipal. Por su parte, el Ayuntamiento de Alhendín ya ha presentado alegaciones a la denuncia, según indicó el alcalde, que la considera una "vileza" del PP y "un canto a lo esperpéntico" y defiende la legalidad del procedimiento seguido.
Gamarra mantiene que las apreciaciones desfavorables del técnico municipal a la concesión de las licencias son de tipo "procedimental" y no constituyen a su juicio delito alguno.
El alcalde, que se remitió a una comparecencia pública la próxima semana para abundar en el asunto con documentos, admitió la "complejidad y dificultades" del proceso para la concesión de las licencias, pero precisó que todas las acciones fueron adoptadas de acuerdo con el Ministerio de Defensa, lo que posibilitó, dijo, la búsqueda de soluciones para que las viviendas pudieran ser ocupadas -la totalidad de las licencias ya han sido desbloqueadas-.
Gamarra, que defendió la actuación del Ayuntamiento ante "el riesgo de derribo que corrieron más de mil viviendas," criticó el "revanchismo" del PP contra el gobierno municipal por haber solucionado el problema, que se demuestra, dice, en el hecho de que las viviendas de Novosur están siendo ocupadas con normalidad.