La ordenanza cívica creará bolsas de exclusión, según varias ONG

El pleno del Ayuntamiento aprueba hoy la normativa que regirá la convivencia en la capital. Las asociaciones han redactado un manifiesto sobre la "fractura social" que causará su aplicación

M. J. S. / P. E. El Ayuntamiento de Granada aprobará hoy en el pleno la Ordenanza para la Convivencia. Una iniciativa que saldrá adelante con el respaldo del PP y el PSOE y con el previsible voto en contra de IU. Tras su ratificación, se abrirá un período de quince días en el que se podrán presentar alegaciones. Una decena de asociaciones de la capital anunció ayer su intención de aprovechar este plazo para mostrar su oposición al articulado que concierne a los colectivos en exclusión social –personas sin hogar, extranjeros, prostitutas e indigentes– y a los movimientos sociales.

Esther García, portavoz de estas diez organizaciones –Adobe, Anaquerando, Asamblea de mujeres de Granada, Aspa, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Colectivo Edupar, Granada Acoge, Joca, Rec y Traperas de Emaús–, hizo público ayer el manifiesto que han redactado, compuesto por ocho puntos, en el que desgranan los principales argumentos que los han llevado a afianzarse en la creencia de que la ordenanza, lejos de favorecer la convivencia, ahondará en la marginalidad de estos sectores de la sociedad y propiciará un aumento de la fractura social en Granada.

"La invisibilización, represión o persecución policial de estas personas, que es gran parte el objetivo de la ordenanza, no logrará imponer la ´convivencia´ que dice pretender, ya que los problemas que conlleva la exclusión sólo pueden solucionarse por medio de iniciativa sociales, educativas y estructurales", indicó García, quien subrayó que el documento únicamente logrará "criminalizarlos aún más", al definir determinadas conductas como "perseguibles".

Las organizaciones granadinas que trabajan con estos colectivos sociales destacan la exhaustiva precisión de la normativa en cuanto a prohibiciones y sanciones, que contrasta, puntualizan, con la "extremada ambigüedad" en las interpretaciones de los hechos que supuestamente tratan de criminalizar. "Sancionar económicamente al que lucha por sobrevivir aumenta su vulnerabilidad y exclusión", resaltan.

Las consecuencias de castigar con multas y detenciones a quienes desarrollen en los espacios públicos ciertas actividades es para estas asociaciones una manera de crear "una cortina de humo sobre los problemas reales". Asimismo, consideran que estos sectores marginales, al igual que ha sucedido con las trabajadoras del sexo, terminarán por "esconderse o desplazarse", esto es, "hacerse invisibles", sin llegar a resolver la situación de exclusión en la que se hallan.

Servicios. La portavoz de las diez organizaciones hizo hincapié en los insuficientes medios de que dispone la ciudad, tanto públicos como privados, para poner en marcha todo lo que recoge la normativa cívica y calificó de "irreal e hipócrita" la mención permanente a "informar y derivar" a estas personas hacia servicios sociales, cuyos recursos concretos no se especifican.

Aseguró que el nuevo documento no aclara cuales serán los nuevos servicios ni su dotación financiera. García incidió en que las instituciones públicas no pueden delegar continuamente el seguimiento de los problemas sociales en las asociaciones sin ánimo de lucro.

El manifiesto concluye con una oposición tajante "al castigo de las víctimas de la miseria y la precariedad", al tiempo que exige que se afronte la situación desde "el respeto y la solidaridad".