La juez no asume la causa para exhumar a Lorca, en contra del criterio del fiscal

Fuentes judiciales apuntan la posibilidad de que la titular de Instrucción 3, que no hizo público su auto, rechaza la causa por entender que las detenciones ilegales con desapariciones son crímenes contra la humanidad.

ÁLVARO CALLEJA. GRANADA El Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha rechazado asumir la causa de las exhumaciones de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca, al no aceptar la inhibición propuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Lo hace en contra del informe no vinculante que trasladó la Fiscalía Provincial a petición de la propia juez Aurora María Fernández García el pasado lunes, donde se insiste –como ya lo hiciera el Ministerio Público ante la Audiencia Nacional– en que las investigaciones sobre las detenciones ilegales con desapariciones forzadas, como es el caso de Lorca y otras muchas víctimas, deberían trasladarse a cada uno de los órganos judiciales locales.

De nada ha servido que el fiscal considerase que la juez era competente para la instrucción de las diligencias de la fosa de Víznar y Alfacar, y "otras que hayan acaecido en el partido judicial de Granada".

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha entendido que no era competente aunque no ha querido facilitar el contenido del auto donde argumenta las razones. Fuentes jurídicas aseguraron ayer que la juez, en consonancia con Garzón, no ha aceptado la causa por tratarse de crímenes contra la humanidad, cuya competencia correspondería a la Audiencia Nacional.

Meses atrás, la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional discreparon de dicho argumento al entender que el levantamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936 constituía un delito de rebelión del que "nunca" ha sido competente la Audiencia.

La pelota está ahora en esta jurisdicción, que podría pedir al Tribunal Supremo (TS) que resuelva sobre una cuestión de competencia entre ambos órganos judiciales, lo que dilatará en el tiempo la decisión sobre la autorización o no de la apertura de la fosa.

La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH), encargada de tramitar la denuncia que el pasado 12 de septiembre presentaron en la Audiencia Nacional familiares del maestro Dióscoro Galindo y el banderillero Francisco Galadí –supuestamente enterrados con Lorca y con el también banderillero Joaquín Arcollas– no ocultó su malestar por la decisión de la juez. Se interpreta como "una zancadilla más" en el proceso abierto por los familiares de las víctimas.

La citada asociación no ha podido personarse en la causa que ha seguido la juez de instrucción después de que ésta rechazara su solicitud para estar presente en el proceso. La AGRMH presentó un recurso de apelación que todavía no se ha resuelto. La decisión ahora de la juez ha caído como un jarro de agua fría entre los familiares, molestos porque se les deje "sin amparo judicial".