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P. ESCRIBANO. GRANADA El pleno que pasará a la historia de la ciudad por la aprobación de la Ordenanza para la Convivencia negó a los granadinos su derecho de participación. Una decena de vecinos del Zaidín fueron expulsados del salón plenario tras pedirle de viva voz al alcalde, José Torres Hurtado (PP), que traslade el mercadillo del barrio a una nueva ubicación. El regidor ordenó el desalojo del grupo de ciudadanos, que fueron acompañados por la Policía Local hasta el exterior de la casa consistorial.
"¿Usted quiere el mercadillo en la puerta de su casa?, nosotros tampoco. No podemos entrar a nuestras viviendas", reprendieron los residentes de las calles Carmen de Burgos, Torre de la Pólvora y aledañas, quienes tildaron al equipo de gobierno de "insolidarios" por obviar sus peticiones.
Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género, los vecinos solicitaron al alcalde el cambio de emplazamiento del mercado de los sábados, trasladado a Torre de la Pólvora a consecuencia de las obras del metro en el Zaidín. Si bien el reglamento municipal establece que los ruegos y preguntas del público deben ser formulados con anterioridad y por escrito, el tono de las críticas molestó a Torres Hurtado, que decidió desalojarlos.
Los vecinos denunciaron la suciedad que genera el mercadillo, la dificultad de acceso al transporte público o los servicios de emergencias y un aumento de la inseguridad. "Nos vemos en la necesidad de iniciar medidas legales y un proceso de movilización ciudadana", manifestaron los vecinos, que ya han colocado pancartas de protesta en las fachadas de sus casas.
Reglamento. El desalojo dio paso a un breve debate sobre asuntos urbanísticos antes de tratar el punto más esperado, la aprobación inicial de la ordenanza para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de la ciudad, un "código de conducta ético para los granadinos" con ciertas prohibiciones que "protegen las libertades de los ciudadanos y su derecho a disfrutar del espacio público y el descanso", según defendió el edil de Participación y Protección Ciudadana, Eduardo Moral.
El reglamento, aprobado con los votos a favor de PP y PSOE, prohíbe y multa la prostitución y la mendicidad en la capital, una de las razones esgrimidas por IU para no apoyar la norma. "Limita las conductas hasta la extenuación y pone bajo sospecha a todas las personas", criticó el edil de IU Francisco Puentedura. "Criminaliza y dispersa a los colectivos en exclusión", dijo el concejal, a quien apoyó en su argumento la portavoz Lola Ruiz, que cuestionó la puesta en marcha de la ordenanza "sin incrementar antes los medios materiales y recursos" del municipio.
Desde el grupo municipal socialista respaldaron el texto, aunque "es un listado de normas que no soluciona los problemas" e invitaron a los colectivos a presentar alegaciones "para mejorarlo", declaró la edil del PSOE Ana Muñoz. La portavoz de la formación, Carmen García Raya, incidió en la carencia de medios para "prohibir que los ciudadanos orinen en la calle, si antes no habilitan urinarios públicos, o multar a quien tire colillas al suelo, si no colocan ceniceros".
Respecto a la persecución de las conductas vetadas y las sanciones, IU recordó las declaraciones de los sindicatos policiales sobre el carácter "demasiado prohibitivo" de la norma y el PSOE pidió que la ordenanza se base en la información en lugar de las multas. Moral, por su parte, resaltó la "capacidad de la Policía Local" para velar por el cumplimiento de la ordenanza, que compila reglamentos nuevos y ya existentes como la persecución del vandalismo –pintadas, destrozos en el mobiliario urbano, etc–, consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, regulación de las actividades en la calle –mimos, venta ambulante–, tenencia de animales o contaminación atmosférica, acústica o de residuos.
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