P. ESCRIBANO
El Defensor del Ciudadano, Melchor Sáiz-Pardo, pidió ayer a la administración local que establezca los medios materiales y humanos necesarios que garanticen la efectividad de la ordenanza para la convivencia. "Hemos elaborado una normativa, ahora toca ponerla en marcha", dijo.
Sáiz-Pardo consideró el reglamento "un texto muy detallado" para regular actividades y conductas hasta el momento "en el limbo de la legalidad", como es el caso de la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. "Probablemente generará algún conflicto, porque a los ciudadanos no les gusta que les multen, pero es una ordenanza basada en el respeto".
El Defensor granadino incidió en el carácter conciliador frente al sancionador de la normativa, planteada como un instrumento para "hacer compatibles las libertades de los individuos con sus derechos y obligaciones", de tal forma que "las personas dedicadas a la prostitución en la vía pública deben tener en cuenta a las que les molesta", siempre desde la perspectiva del "respeto mutuo".
La nueva ordenanza "no es un texto cerrado", puntualizó Sáiz-Pardo. Con la aprobación de la normativa hoy en el pleno, nace también una comisión permanente con el objetivo de analizar "los artículos que funcionan y los que necesitan de una futura revisión". En esta labor será indispensable la participación de los ciudadanos y "su información por medio de las instituciones" cuando la norma entre en vigor, en el mes de septiembre.
Consenso. La Oficina del Defensor, encargada de redactar un borrador que sirvió de guía para elaborar el texto final, ha participado en el proceso como una "secretaría técnica" y "asesora" de los partidos políticos. En este sentido, Sáiz-Pardo alabó el consenso alcanzado entre PP y PSOE, aunque sin menospreciar que IU "está de acuerdo en casi todos los artículos", excepto en la regulación y sanción de actividades como la prostitución o la mendicidad.
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