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MIRIAM MILLÁN GRANADA La maltrecha economía asfixia a los empresarios. Aquejados por la alarmante falta de liquidez que ha impuesto la crisis, se ven obligados a tocar más de una puerta y de dos con tal de conseguir ayudas que les permitan recuperar un poco el aliento. Una de estas ´bombonas de oxígeno´ las proporciona la Seguridad Social, que aplicando la premisa ´más vale cobrar tarde que nunca´, permite a las compañías morosas flexibilizar los pagos que adeudan.
Pese a que la Tesorería siempre ha echado este ´cable´ a los empresarios y autónomos, lo cierto es que desde que la palabra crisis se instaló hasta en el vocabulario de los responsables políticos dicha cifra se ha disparado hasta el punto de que la media mensual de negocios que recurren a esta salida en la provincia de Granada asciende a 140.
Ya en 2007 el número de aplazamientos concedidos sumó un total de 1.106 expedientes, 228 menos que a diciembre de 2008, según datos aportados a La Opinión por la Dirección Territorial de la Seguridad Social. Pero es que sólo en los tres primeros meses de este año ya se han superado las 470 concesiones, lo que permite presagiar que la cifra supere los 1.700 casos para cuando finalice 2009. De cumplirse el pronóstico, se registraría un aumento porcentual del 55% respecto al último ejercicio y del 29% si se compara con 2008.
La diferencia es aún más significativa cuando se observa el primer trimestre de cada año (que son los últimos datos disponibles para 2009). Si a fecha de 30 de abril de 2008 el montante de compañías a las que se les había permitido aplazar su pagos de cotización era de 281, en este año la cuantía asciende a 470. O dicho de otro modo, se ha registrado un aumento del 67,2%. Sin embargo, el porcentaje de variación entre 2008 y 2007 –cuando el sistema financiero aún se resistía a asumir la recesión económica– es del 20,6%.
En cuanto al perfil de las compañías que negocian con la Tesorería su condición de morosos, éste es bastante heterogéneo y se adecua a las características empresariales de Granada, donde el ´boom´ de la construcción tuvo especial incidencia. Así lo interpreta la directora provincial de la Seguridad Social, Inmaculada Hidalgo, que aunque no determina el número de empresas que pertenece a uno u otro sector, sí específica que la mayoría de éstas son pymes cuya deuda, en casi la totalidad de los casos, no supera los 90.000 euros, lo cual indica que los gestores o responsables del negocio "acuden muy pronto a pactar la forma de pago porque desean regularizar su situación", según Hidalgo.
Beneficios. La flexibilización de los pagos correspondientes a las cotizaciones beneficia a todos por igual. Tanto a la Tesorería, que de un modo u otro "se asegura la recaudación", como a las empresas, que con este "instrumento de ayuda pueden desahogar un poco su economía, mantener su actividad y, por tanto, no destruir empleo", explica la responsable de la Seguridad Social en la provincia, donde al igual que en el resto del país, la principal ´soga´ que asfixia a las pymes es la pérdida de clientes y negocio, así como el impago de los proveedores.
Por ello, esta medida actúa también a modo de ´ansiolítico´, en la medida que "imparte tranquilidad", afirma Inmaculada Hidalgo. Es decir, "ayudas como ésta contribuyen a equilibrar la marcha de las empresas que en situaciones de crisis se resienten y tienen poca disponibilidad económica", añade. Y, en ningún caso, a juicio de la directora, perjudica a la Tesorería que, además, "dispone de una reserva lo suficientemente amplia como para afrontar estos periodos de recesión". Porque aunque admite que los tiempos son complicados, niega que el creciente desembolso en prestaciones por desempleo pueda poner en peligro la ´caja´ de la Seguridad Social.
Aunque no existen datos provinciales en cuanto al superávit de la Tesorería y aunque, evidentemente, éste ha menguado en el último año, sigue siendo "holgado", asegura Hidalgo, al tiempo que subraya que la Seguridad Social "ingresa más de lo que paga". Traducido en cifras significa que en España la cuantía del fondo alcanza actualmente los 58.000 millones de euros, lo que daría para pagar las prestaciones durante unos diez meses aunque el país, literalmente, parara por completo su producción.
Deudas controladas. La concesión del aplazamiento de las deudas parece sentarle bien a las empresas morosas. Lo dicen las estadísticas. Entre el 80 y el 90% de los negocios cumplen con esos pagos aplazados y no dejan vencerlos, según datos aportados por la directora, que ironiza al respecto. "Tenemos menos morosidad que las entidades financieras, pese a que éstas sí pueden elegir a sus clientes y nosotros no", dice Hidalgo. Y es que si las compañías hacen oídos sordos a las reclamaciones de pago por cotización, el procedimiento ejecutivo sigue su curso y puede terminar en un embargo de los bienes de la empresa y el consecuente cese de la actividad.
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