Los policías locales ven ´difícil´ hacer cumplir la nueva ordenanza

Consideran "demasiado prohibitivo" el reglamento para la convivencia. Creen "problemático" el control y sanción de la prostitución en la vía pública

P. ESCRIBANO Los sindicatos independientes de la Policía Local de Granada (SIPLG) y de Andalucía (SIPAN) creen una tarea "difícil" hacer cumplir la ordenanza para la convivencia con tan sólo la reestructuración de la plantilla, anunciada por el Consistorio y que tendrá lugar en septiembre, cuando la normativa entre en funcionamiento. Ambos colectivos solicitan al equipo de gobierno un refuerzo de efectivos, al margen de los más de cien policías incorporados a finales del año pasado o los de segunda actividad y de custodia de edificios municipales, una tarea asignada a partir de ahora a empresas de seguridad privada.

La futura normativa, que se aprobará inicialmente en el pleno del próximo viernes, es valorada por los agentes de forma "positiva" y "con buenas intenciones" de los responsables políticos pero "hacen falta más efectivos" para su cumplimiento, comentó a este diario el secretario general del SIPLG, Miguel García Rubiño.

Una vez examinada la ordenanza, los policías consideran que algunas conductas serán "complicadas de perseguir, como escupir en la calle o comprobar si los ciudadanos beben alcohol en botellas de cristal o latas", añadió García Rubiño.

El secretario de organización del SIPAN en Granada, Sebastián Aguado, valoró el reglamento como "demasiado prohibitivo" con las actividades que se desarrollan en la vía pública. "Van a ser necesarios muchos agentes a pie de calle para la ordenanza y en la actualidad no hay tanta gente en el cuerpo", afirmó el representante sindical, para quien "no basta" con la incorporación de los policías de segunda actividad y de custodia a las tareas de seguridad ciudadana para que los granadinos cumplan las nuevas normas.

Prostitución. En opinión de los sindicatos, el artículo más complejo de la ordenanza es el relativo a la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales. "¿Cómo saben los policías si las prostitutas y los clientes están negociando o sólo hablan?", se preguntó García Rubiño.

Frente al problema de la prostitución, el secretario general del SIPLG apostó por "medidas sociales" de la administración pública "antes de las sancionadoras" e insistió en que "los agentes siempre están para ayudar a los ciudadanos, no sólo para multarlos".

Aguado, por su parte, insistió en estudiar a fondo el contenido de la ordenanza antes de valorar todos los artículos y, en concreto, el veto a los servicios sexuales –con sanciones de hasta 3.000 euros– pero consideró "problemático" poner en marcha la norma "porque requerirá de muchas identificaciones".

El edil de IU Francisco Puentedura mantuvo un encuentro informativo con el SIPLG la semana pasada para conocer las inquietudes de los agentes sobre la ordenanza para la convivencia y esta mañana hará lo mismo con el SIPAN.