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ÁLVARO CALLEJA. GRANADA El principal imputado en el mayor fraude a la Seguridad Social en la provincia de Granada, fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 6.000 euros. El juez de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, no obstante, mantiene los cargos que en un principio se le atribuyeron al empresario, que responde a las iniciales de C.i.A.N., como responsable de los presuntos delitos de estafa, falsificación de documentos, insolvencia punible y contra la Seguridad Social.
La decisión del juez se produjo a los pocos días de tomarle declaración por espacio de cuatro horas y después de que se hayan practicado las principales diligencias de investigación del caso que fue bautizado por la Policía como ´Operación Genil´, cuyo fraude puede rondar los siete millones de euros, según explicaron fuentes judiciales.
La medida de mantener en prisión al principal responsable de la trama, que supuestamente permitió que cientos de personas cobren de forma indebida prestaciones por desempleo y subsidios sociales, tenía como objetivo impedir que obstaculizara o destruyera pruebas para la investigación.
Tras comparecer la mayor parte de los 1.700 imputados en la causa, el magistrado no puso reparos a su puesta en libertad. Durante su declaración que tuvo lugar la semana pasada el empresario negó los hechos que se le atribuyen asegurando que no se realizaron contratos falsos a cambio de una cantidad de dinero para que pudiera darles de alta en sociedades ´fantasmas´, ni cobraba comisiones por mantenerlos de alta o les exigía una cantidad estipulada por los seguros sociales. El responsable de la empresa Arnusa S.L y una docena de empresas ficticias mantuvo que él pagaba a todos sus trabajadores, no así ciertos contratistas que, según su testimonio, no le han abonado determinadas obras.
Aunque mantuvo que las mujeres contratadas en la construcción realizaron su trabajo, algunas de las personas citadas por el juez han reconocido que no vieron nunca a éstas trabajando en la obra.
Durante el próximo mes proseguirá la toma de declaraciones. El 3 de junio están citados los representantes legales de las entidades que abonaron pagos por obras realizadas. También está previsto que los días 4, 25 y 30 de dicho mes declaren otros trabajadores imputados. Hasta el momento, la cifra de personas que han sido citadas por el juez se acerca al millar aunque muchas de ellas ni siquiera han hecho acto de presencia, corriendo el riesgo de que se dicte orden de detención contra ellos.
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