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MIRIAM MILLÁN. GRANADA la crisis no sólo afecta al sector privado. Las estrecheces económicas también aprietan el cinturón de la administración pública, cuyo labor asistencial y educativa con los menores más desfavorecidos se ve mermada por las carencias de personal. Así lo denuncia el comité de empresa de la Delegación provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que exige la cobertura de las bajas laborales y el refuerzo de las plantillas al objeto de mejorar y adecuar el servicio a las necesidades especiales de estos adolescentes.
Uno de los centros perjudicados en este sentido es el de acogida inmediata Ángel Ganivet. Según fuentes cercanas al mismo, la falta de profesionales "imposibilita el control y vigilancia exhaustiva" de los menores, cuyos problemas conductuales propician altercados como los registrados el pasado martes, cuando una trifulca por motivos racistas acabó con la detención de dos jóvenes de origen marroquí.
Por ello, demandan la contratación de más personal especializado, de modo que "no se lleve a cabo una mera labor de asistencia y vigilancia somera sino la que realmente tendría que hacerse, que es la de aplicar en los menores una metodología educativa profunda, un análisis y seguimiento exhaustivo de cada menor y de sus características psicosociales y necesidades", explicaron a La Opinión personas cercanas al centro. De no hacerse así, los "chavales están abocados a salir de las instalaciones con un elevado grado de frustración y, por tanto, a incurrir fácilmente en la delincuencia", lamentaron.
Comité. Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Igualdad y Bienestar Social, Ascensión López Plata, también destacó la importancia de que se contemple en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la presencia "continuada y no puntual" de "mediadores interculturales que faciliten la comunicación entre los menores de origen extranjero y los propios educadores sociales", puesto que la falta de entendimiento y las diferencias de carácter cultural favorecen según que situaciones conflictivas.
Además, el refuerzo del número de profesionales permitiría que centros como del de Ángel Ganivet, cuya función es la de un acogimiento inmediato y no residencial, pudiesen tratar y derivar a los menores a otros centros específicos en el menor tiempo posible. Pero no ocurre así, a juicio de personas del entorno. "Hay menores que hasta pasan un año en estas dependencias de titularidad autonómica, si bien dicho período no debería exceder los seis meses". Aunque también es cierto, en este sentido, que "no existen centros específicos y adecuados que puedan asumir el cuidado de estos jóvenes". Según denuncian, "el sistema se limita a pasar la patata caliente de un sitio a otro en vez de solucionar sus problemas de conducta antisocial reiterada".
Problema generalizado. Esta supuesta carencia de personal no es un problema exclusivo de los centros de menores. De hecho, a juicio de la delegada sindical de UGT, la actual situación del Ángel Ganivet no es de las peores en comparación con otras instalaciones. La falta de profesionales es un "mal endémico" que afecta a todos los lugares dependientes de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, desde las residencias de mayores hasta los centros de educación infantil, "donde no se están cubriendo las bajas de personal, dejando a la plantilla bajo mínimos y repercutiendo así en la dignidad del servicio prestado a estas personas de necesidades especiales", incidió la presidenta del comité.
Contención. No hace la misma interpretación de la realidad la Jefa de Protección de Menores de la delegación, Alicia Núñez, para quien "no existe problema alguno en este tipo de centros", salvo los de carácter puntual asociados a cualquier lugar de trabajo y, en especial, a aquellos de características especiales como el Ángel Ganivet.
Es más, la responsable del servicio recuerda "que la plantilla se ha mantenido intacta aún cuando la ocupación del centro ha estado a la mitad de su capacidad" por la disminución del número de pateras llegadas a la Costa. Por ello, subrayó que en éste y otros centros de la Junta "están cubiertas todas las necesidades de los menores, puesto que no es otro nuestro objetivo e interés".
En cualquier caso, Núñez quiso apelar a la "responsabilidad social" de los trabajadores. "Hay que ser conscientes de la naturaleza de nuestra labor y ser consecuentes con la crisis que atravesamos", dijo la jefa de Protección de Menores, que exhortó a los empleados públicos a asumir y entender que "en situaciones como ésta, hay que evitar el gasto excesivo y procurar que haya las menos bajas laborales posibles".
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