Condenan a 3 empresarios por fraude a Hacienda con la venta de coches

Los acusados, dos vascos y un granadino, diseñaron una trama de compraventa de vehículos en países europeos para eludir el pago del IVA

ÁLVARO CALLEJA El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a entre uno y dos años de cárcel por un delito contra la Hacienda pública a tres empresarios de concesionarios de vehículos, dos vascos y un granadino, que diseñaron un plan para la compraventa masiva de coches al objeto de eludir el Impuesto del Valor Añadido (IVA).

Los responsables de Auto Deusto, un padre y un hijo que responden a las iniciales G.G.G y J.A.G.A, han sido condenados a dos años de prisión por asumir el "papel ejecutor" en la operación de compraventa de vehículos; mientras que el empresario granadino S.O.M., administrador único de Atarfe Motor S.L:, ha sido castigado con un año por su "pasividad al consentir y silenciar" el uso instrumental de su empresa que servía de "pantalla" para llevar a cabo el fraude.

También deberán abonar cada uno de ellos una multa de 300.000 euros o sesenta días de arresto sustitutorio en caso de impago, e indemnizar a Hacienda con 247.433 euros, que es el importe de la deuda tributaria defraudada.

El juez Manuel Píñar entiende probado que S.O.M, para solventar la adversa situación económica que presentaba Atarfe Motor S.L., acordó a finales de 2003 con J.A.G.A. utilizar el concesionario granadino como empresa instrumental para operaciones de compra, matriculación y venta en España de vehículos adquiridos en países de Europa. En concreto, fueron 67 durante 2004 por un importe total que superó el 1,5 millones de euros, evitando el pago del IVA y del impuesto especial para determinados medios de transporte.

La empresa Autos Deusto era la que aportaba los fondos para adquirirlos en el extranjero. Para ello se abrió una cuenta a nombre de la sociedad Atarfe Motor en el Banco del Santander de la localidad navarra de Valle de Trápaga, cuyo director y también acusado era yerno y cuñado de los responsables del concesionario vasco.

En realidad, Autos Deusto adquiría los vehículos con cargo a fondos depositados en la cuenta bancaria pero figurando en las compras el nombre de la sociedad Atarfe Motor.

El director de la entidad bancaria daba el visto bueno pese a que las órdenes de pago las daba verbalmente su cuñado J.A.G.A., que no estaba formalmente apoderado para disponer de fondos en la cuenta abierta a nombre de Atarfe Motor.

Una vez adquiridos los vehículos, pasaban la obligada inspección técnica en una localidad navarra tras lo cual eran trasladados al concesionario de Autos Deusto. La documentación de los coches la remitían al también acusado M.R.M, titular de una gestoría en Granada que se encargaba de presentar los papeles para su matriculación en la Jefatura de Tráfico de Granada a nombre de Atarfe Motor.

Confesión. Durante el juicio, el empresario granadino admitió su participación en los hechos, declaración que el juez consideró "más fiable y verosímil" que la del resto de acusados. Reconoció que J.A.G.A. fue quien le insinuó utilizar como "tapadera" Autos Deusto a cambio de obtener 300 euros por vehículo vendido. Si bien facturaban todo a nombre de su empresa, en realidad era Autos Deusto la que compraba y vendía los vehículos dada la delicada situación del concesionario granadino.

Aunque el juez entiende que J.A.G.A era el "verdadero operador" a la hora de encubrir las compras con Atarfe Motor, también cree que era "necesariamente imprescindible" la participación de su padre, G.G.G., puesto que "estaba al tanto de las compras y de las ventas", y "sólo con su participación resulta explicable que dispusieran de fondos para esas operaciones". "La prudencia aconsejaba que en todo momento diese la cara J.A.G.A., tanto en los contactos con el empresario granadino como en el manejo de la cuenta, sin que ello signifique, dadas las circunstancias que G.G.G., su padre, fuera ajeno al conocimiento y desarrollo de la trama".

Tanto el director de la entidad bancaria como el propietario de la gestoría granadina han sido absueltos por ausencia de pruebas respecto al conocimiento real de la trama fraudulenta. La condena de los tres empresarios ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial.