Los empresarios niegan haber explotado al boliviano muerto

Los dos socios acusados de homicidio imprudente admitieron “errores” en la contratación pero rechazan que ocultasen pruebas ante la falta de seguridad

ÁLVARO CALLEJA Los dos socios de la empresa ´Robles y Santiago S.L´ acusados de haber ocultado en 2005 un accidente laboral que costó la vida a un joven boliviano que se encontraba en situación irregular admitieron haber cometido "fallos" pero negaron la comisión de los delitos de los que están inculpados, de homicidio imprudente, riesgo y contra el derecho de los trabajadores extranjeros, por los que se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión.

"No intentamos ocultar el hecho", aseguró ayer Miguel Ángel S.M., comercial y encargado de la elaboración del presupuesto en la empresa. El accidente mortal de Carlos Óscar Guerrero Guzmán se produjo el 14 de febrero de 2005 al caer de un andamio cuando en compañía de otro obrero trabajaba en la instalación de un ascensor en un edificio de Maracena.

Durante la vista oral que celebró ayer el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, Miguel Ángel S.M. aseguró que la empresa suministraba el material de seguridad necesario a los trabajadores y que su socio Miguel R. era el encargado de dar instrucciones a pie de obra. Precisamente, una de las polémicas se centra en la altura del andamio elegido para la instalación del ascensor, que no reunía las condiciones exigidas por la ley y carecía de las medidas de seguridad necesarias. A preguntas de su abogado, Miguel Ángel S.M. precisó que "jamás" fue denunciado por los trabajadores ni fue advertido por el arquitecto o los sindicatos sobre el incumplimiento de las medidas de seguridad.

Aunque dijo conocer que no podía contratar a los inmigrantes por carecer de permiso de trabajo, el empresario, que pagaba una media de 35 euros diarias por la jornada de trabajo, dijo que "nunca" tuvo intención de explotarlos sino más bien "echarles una mano". De hecho precisó que en ocasiones avalaban los contratos de arrendamiento de sus trabajadores o incluso les proporcionaban dinero para los visados al objeto de regularizar con el tiempo su situación. Ambos empresarios sostuvieron que con el ´boom´ de la construcción era imposible contratar a españoles.

Arquitecto. También quisieron atribuir la responsabilidad de la dirección de la obra al arquitecto Luis A., también acusado, aunque éste lo negó con rotundidad y tan solo reconoció haber sido el encargado de la elaboración del estudio básico de seguridad de la obra.

Miguel M., el otro socio que admitió ser el encargado de montar el andamio y dirigir la obra, se mostró convencido de que el trabajador fallecido hubiera podido salvar la vida si se hubiera colocado el arnés que él mismo facilitó. Él fue el que interpretó el proyecto de obra del arquitecto (un mero trámite según dijo, para obtener la licencia) porque se creía preparado para hacerlo. Lo que sí negaron fue las amenazas posteriores a un hermano de la víctima -cuando Carlos agonizaba en el hospital-, al objeto de evitar que denunciara los hechos. Ambos acusados desmintieron que pronunciaran la frase: "Si denuncias vamos todos a la mierda". La mujer de Miguel M., acusada de eliminar pruebas al día siguiente del accidente, compareció ayer por la tarde, junto a dos trabajadores.