Benavides sacrificó suelo público y residencial para hacer hoteles

Los complejos turísticos se construyeron gracias a las modificaciones puntuales. Otros aumentaron sus plantas y ganaron parcelas colindantes

P.M. El fiscal ha acusado al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, y a tres miembros del Ayuntamiento (el ex secretario, el jefe de Urbanismo y el arquitecto municipal) por "favorecer" la construcción de diversos hoteles en el municipio sexitano a través de modificaciones puntuales del PGOU que cambiaban el uso de los terrenos. Los hoteles salieron adelante gracias a la intervención municipal pero a costa de un alto precio. Almuñécar perdió decenas de miles de metros cuadrados de equipamientos comunitarios (de uso social) y alteró terrenos en los que estaban previstos bloques de pisos y casas unifamiliares en favor del negocio hotelero.

Así se desprende del análisis que hace el fiscal de las catorce modificaciones puntuales. Los incrementos de ocupación fueron propiciados, según el fiscal, por las resoluciones que Benavides y el resto de acusados adoptaban. En total son 89.590 metros cuadrados que afectan a varios hoteles para los que el fiscal pide la demolición de lo indebidamente construido y a un grupo de parcelas en las que aún no se ha edificado nada.

Al menos en tres de las modificaciones puntuales aprobadas por Juan Carlos Benavides -e investigadas por el fiscal- se han cambiado suelos residenciales (construcción de viviendas) por terrenos con uso exclusivo hotelero. Fruto de esas modificaciones han visto la luz un establecimiento del Grupo Hoteles Playa (aprobado el 13 de mayo de 1999) y el Playa de Cotobro. El municipio ha perdido también suelo residencial en una parcela situada frente al centro de salud. Las ocupaciones de estas parcelas, según el fiscal, suponían además la pérdida de equipamientos que no eran compensados.

En la aprobación de esas catorce modificaciones puntuales del PGOU de Almuñécar para privilegiar la implantación de hoteles en la localidad sexitana hay casos en los que los vecinos han resultado directamente perjudicados. El ministerio público detalla en su escrito de acusación que algunas de las parcelas en las que hoy se levantan hoteles -el Bahía de Almuñécar, por ejemplo- estaban originalmente dedicadas a equipamientos urbanos (instalaciones religiosas, recreativas, deportivas o sociales) cuya pérdida no fue compensada después. Este es uno de los argumentos que la Junta de Andalucía ha presentado en los juzgados para justificar los graves perjuicios que ocasionaron estos cambios del PGOU. Los tribunales han avalado, en la mayoría de ocasiones, las tesis de la Junta, rechazando las modificaciones puntuales del Ayuntamiento de Almuñécar al concienciar que son revisiones globales en toda regla del PGOU. El TSJA anuló varios acuerdos del pleno de Almuñécar del año 2006 que daban vía libre por este método a seis hoteles. También se echó para atrás el proyecto del complejo geriátrico junto al río Jate. Las sentencias también han llegado en sentido contrario. El Alto Tribunal andaluz desestimó la denuncia de la Junta contra la licencia del hotel Playa de Cotobro, entre otras cosas porque la administración autonómica no impugnó en su momento la modificación puntual.

Parcelas y más plantas. En las catorce modificaciones puntuales investigadas por el ministerio público resaltan varias parcelas del término municipal, algunas todavía vacías. La más codiciada está situada en pleno paseo marítimo y es la única que queda sin edificar. En febrero de 2000 se aprobó una modificación puntual (la 77) que dotaba de uso exclusivo hotelero a esos terrenos en primera linea de playa. En la bajada de la N-340 hacia la playa del Tesorillo también se cambiaron unos terrenos para calificarlos como de uso exclusivo hotelero.

Entre las modificaciones puntuales investigadas llaman la atención las aprobadas para permitir la elevación en dos plantas del hotel Medina o la de ampliar el uso hotelero a los terrenos que ocupa desde hace décadas el hotel Goya.