Pisos con huerta y caballos

Los barrios de Almanjáyar y Cartuja cuentan con decenas de construcciones ilegales, con cocheras de chapa, trasteros y hasta corrales que se han levantado sin ninguna autorización

MATÍAS OCHOA Ω Un poni asoma la cabeza y relincha al notar presencia humana. El animal, bellísimo, comienza a dar vueltas con dificultad. No tiene mucho espacio. Está en un corral realizado con vallas, telas y chapas. No es el único. A su lado, otros cerramientos similares guardan gallinas, perros, caballos y conejos. Todos juntos ocupan unos 80 metros de largo. Construcciones ilegales como éstas se encuentran por decenas en Almanjáyar y Cartuja, como pudo comprobar La Opinión en un recorrido a plena luz del día.
La escena sorprendería poco si fueran zonas de cortijos, pero en estos casos los dueños residen en edificios. Bajan en ascensor para darle de comer a sus ´fieras´. Un ´equilibro´ perfecto entre vida urbana y rural.
También resulta común la edificación de cocheras y trasteros sin ningún tipo de autorización. Se arman con placas de acero y maderas, pegadas a los bloques de edificios. Hay edificaciones, además, de huertos vallados en zonas de jardines comunes. Para ganar luz, algunos residentes pican la fachada e instalan ventanas. En varias calles, algunos habitantes se han ´comido´ la acera para plantar árboles o verduras. Incluso en una de las vías alguien se fabricó un chiringuito con chimenea.

Las irregularidades no son del agrado de la mayoría de los habitantes, que ya se han quejado ante las trabajadoras y mediadoras sociales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), entidad que gestiona en ambos barrios 5.000 viviendas sociales en régimen de compra-venta y alquiler.

En voz baja. Las protestas, sin embargo, se plantean en voz baja, pues los denunciantes no quieren emprender ninguna medida por temor a represalias. "Les comentamos que nosotros vamos a hablar con ellos y nos dicen que no", relatan los técnicos de EPSA. Existe miedo por ir en contra de unos derechos ´adquiridos´ por los habitantes más antiguos, aquéllos que llegaron por los años 80 con las primeras promociones.

La empresa pública, dependiente de la Junta, aspira a erradicar estas construcciones poco a poco y a base de educación. La oficina de Almanjáyar envía todos los días a sus cinco trabajadores y mediadores sociales para enseñarles las responsabilidades que conlleva vivir en un bloque. Para ello, instan a constituir una comunidad de vecinos que solucione los problemas diarios. "No es cuestión de que les demos dinero cuando nos digan que tienen que reparar algo; se deben implicar, tener conciencia de propietarios, aprender a resolver las diferenc
El Ayuntamiento de Granada, por su parte, tiene en la mesa veinte expedientes urbanísticos por resolver; en su mayoría contemplan la demolición de los excesos de edificación. Antes de este paso, la ley obliga a notificar personalmente al infractor. Pero los técnicos se han negado a llevar las resoluciones por miedo a su seguridad y en la actualidad están a la espera de la organización de un dispositivo policial para acompañarlos.