La Junta detecta más de 1.700 VPO vendidas o alquiladas irregularmente

MATÍAS OCHOA La Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) ha detectado más de 1.700 viviendas protegidas ocupadas de forma ilegal en los barrios de Almanjáyar, Cartuja y La Paz. En un estudio reciente, la institución dependiente de la Junta cotejó que los dueños originales no residían en el inmueble. Una irregularidad producida por varias razones: la reventa, alquiler o traspaso a un familiar sin ningún papel de por medio.

En la mayoría de los casos, el problema se debe al desconocimiento de la legislación en vigor por parte de los dueños. En otros pocos, pero muy perjudiciales para el resto de los vecinos, se trata de personas que aprovecharon para sacar dinero extra con alguna actividad ilícita, como subalquilar a decenas de inmigrantes ´sin papeles´, montar una casa de citas o un criadero de gallos de pelea.

La cifra resulta bastante alta, ya que representa el 40% del total de las VPO en régimen de compra-venta en la zona. Los técnicos de EPSA tienen ante sí una labor titánica, ya que, tras este primer estudio deben profundizar en la información; conocer el historial de propietarios, ubicarlos, calcularles sus deudas, insistirles en que regularicen sus papeles e inculcarles los beneficios de crear una comunidad de vecinos. Este último punto resulta fundamental, ya que por ley toda subvención pública para rehabilitación de inmuebles se destina a comunidades, no a particulares. "Y un porcentaje alto de edificios no las tiene constituida. No se tiene conciencia de propietarios", comenta una de las trabajadoras de la entidad.

Esto acarrea muchos inconvenientes, pues los edificios se deterioran y no se reparan. Para actuar, la Junta, que en la zona Norte gestiona 4.304 inmuebles en compra-venta, necesita la solicitud y el consentimiento de la comunidad. Aquellos bloques que lo piden obtienen subvenciones por el 95% del valor de las obras; el 5% lo ponen los residentes.

EPSA, no obstante, busca fórmulas para aumentar las partidas porque en ocasiones algunos habitantes se han negado a formar una comunidad y, de esta forma, obligan a un mayor esfuerzo económico de cada vecino para hacer frente al gasto. A finales de año, tres bloques de VPO en propiedad serán restaurados; se reforzarán sus cubiertas, se eliminarán barreras arquitectónicas y se repararán los suministros de electricidad.

Barrios deprimidos. Desde la Oficina de Rehabilitación de EPSA en Almanjáyar, inaugurada hace dos años y medio, quieren que estos ejemplos cundan. Por eso, le dan importancia a la labor educativa y cinco trabajadores y mediadores sociales visitan diariamente casa por casa para interesarse por las demandas de los vecinos y convencerlos de la necesidad de tener los papeles al día, de formar una comunidad y de tener en cuenta que ser propietario acarrea derechos pero también deberes. No resulta un trabajo fácil; las mediadoras se han encontrado con muchas personas analfabetas o sin estudios.

Según un informe de EPSA realizado en 2008 sobre la situación social, uno de cada cuatro parados de la capital residía en la zona donde se ubican las VPO, habitada por 29.000 personas. Se trata de barrios muy castigados por la crisis, donde se hace más evidente la exclusión social.

A estas piedras en el camino hay que sumarles otros de índole burocrática. Por ejemplo, varias promociones construidas en los años 80 fueron otorgadas sin cédula de habitabilidad. De hecho, ni siquiera fueron registradas por el Ministerio de Vivienda de la época.

Las cosas cambian con las 697 VPO que EPSA tiene en alquiler, ya que aquí la empresa ostenta el título de la propiedad y tiene más margen de maniobra. Por ejemplo, si los inquilinos informan de desperfectos, la empresa pública actúa directamente, como ocurre en cualquier piso arrendado.

En este sentido, las regularizaciones van a buen ritmo: ya se han firmado contratos con 36 arrendatarios; en las próximos quince días se hará lo propio con 117 y en junio, con otros 105 inquilinos. Existen, en tanto, 258 inmuebles que han sido ocupados irregularmente, pero la mayoría de sus residentes han presentado documentos para regularizar la situación.

En cualquier caso, tanto en alquiler como en compra, quienes incurren en una ilegalidad grave se enfrentan al desahucio. Son los casos de una veintena de familias cuyos expedientes se encuentran a la espera de resolución de los juzgados.