El fiscal pide el derribo parcial de ocho hoteles en Almuñécar

Suelos destinados a equipamientos urbanos pasaban a tener un uso hotelero gracias a la mediación de Benavides y su equipo, acusados de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación.

PABLO MARISCAL. GRANADA Los excesos de edificación materializados por algunos hoteles de Almuñécar gracias a la intervención del alcalde Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza) y su equipo urbanístico pueden acabar en la escombrera. El fiscal acaba de solicitar el "restablecimiento de la legalidad urbanística" en varios establecimientos del municipio donde se han edificado cerca de 90.000 metros cuadrados al margen de la ley.

El Ministerio Público pide concretamente la "demolición de lo indebidamente construido" gracias a catorce modificaciones puntuales del PGOU aprobadas por el consistorio, según consta en el escrito de acusación presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Almuñécar. Estas modificaciones afectan, al menos, a ocho establecimientos hoteleros, según han informado a este periódico fuentes del sector. Se trata del Bahía de Almuñécar, la ampliación del hotel Carmen, San Carlos, el recién inaugurado Playa de Cotobro, Best Alcázar, Bahía Tropical y otros que aún no se han materializado, entre ellos El Fuerte (sin construir) o el Gran Cortijo de Andalucía (paralizado desde hace más de dos años). El fiscal solicita la demolición de los incrementos de ocupación logrados por los hoteles gracias a las modificaciones del PGOU.

El juez Raúl Muñoz investiga los numerosos cambios de uso aprobados por el Ayuntamiento de Almuñécar, con Benavides al frente, que han "favorecido" la construcción en la localidad de diversos hoteles. El fiscal acusa al alcalde por estos hechos de un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. Solicita por ellos la inhabilitación especial durante 18 años, más otro de prisión. La misma pena reclama para Gerardo García Guillén, jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de Almuñécar.

En el proceso hay otros dos imputados que también han sido acusados por el fiscal, pero sólo por el delito de prevaricación.
Se trata del ex secretario municipal, Luis Oliveros Rodríguez-Varo, y el arquitecto del Consistorio sexitano, José Luis Rodríguez Passolas. Ambos se enfrentan a una petición de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación.

Un grupo bien definido. Los cuatro han dominado durante años el urbanismo municipal. Liderado por el alcalde, en el ´equipo´ figuraban el arquitecto jefe, el responsable del área y el secretario, a quien le corresponde la tarea de velar por la legalidad de los procesos.

Juntos, según el fiscal, diseñaron una estrategia "con la intención de eludir" los procedimientos legales para modificar los usos del suelo. La intención era "favorecer" la construcción "de diversos hoteles" en el término municipal de Almuñécar.

El cauce normal –la revisión global del PGOU de la localidad– presentaba"dificultades" tan insalvables para los objetivos de Benavides como el sometimiento de la propuesta al control de la Comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Granada.

La "fórmula" elegida por los cuatro acusados para eludir la inspección de la comisión provincial fueron las modificaciones puntuales del PGOU y las normas subsidiarias. El Ministerio Público recuerda que este procedimiento es una potestad delegada en los municipios por la Junta de Andalucía.

La administración autonómica se limita a emitir un informe no vinculante, dejando en manos del ayuntamiento la capacidad para realizar cuantas modificaciones puntuales desee.

Investigan 14 cambios. Benavides, García Villén, Oliveros y Rodríguez Passolas "efectuaron catorce modificaciones" puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que afectaban a zonas de equipamiento comunitario (instalaciones religiosas, deportivas, recreativas o sociales). Con el cambio de uso, el suelo destinado a los vecinos pasó a ser de empresas promotoras de hoteles.

La alteración del PGOU de Almuñécar, en estos 14 casos y según una estimación del fiscal, supuso un incremento de ocupación cercano a los 89.590 metros cuadrados.

En el escrito de acusación se detalla el grado de participación de cada uno de los imputados. El que fuera secretario del Ayuntamiento de Almuñécar, Luis Oliveros, realizó los informes jurídicos que avalaron cada uno de los expedientes de modificación puntual. Para Oliveros, los cambios se adecuaban a la legislación.

Rodríguez Passolas, arquitecto municipal, se encargaba de elaborar los informes técnicos. En ellos, revela el fiscal, hacía constar que era necesario hacer las modificaciones puntuales del PGOU "dada la necesidad de plazas hoteleras en la localidad". Y bajo esa justificación se realizaron las catorce alteraciones del uso del suelo.

Lo que el fiscal denuncia es la utilización de una herramienta como la modificación puntual de un PGOU –que tiene carácter excepcional– para "favorecer" la implantación de establecimientos hoteleros o el aumento de su edificabilidad.

El fiscal analiza con detalle la modificación puntual número 65 del PGOU, que permitió ubicar el actual hotel Bahía de Almuñécar en un solar que estaba destinado a equipamiento comunitario administrativo. Benavides aprobó un hotel de siete plantas más bajo en un terreno donde se debían haber instalado servicios municipales, tal y como contemplaba el PGOU.

Lo hizo en 1998. Previamente, el alcalde "había suprimido del dictamen sobre la modificación puntual número 65 la ordenanza de aplicación y el proyecto del edificio, y ello a sabiendas de la ilegalidad que se cometía", señala el fiscal. Pese a ello, "votó a favor del mismo".
El asunto fue remitido a la Comisión provincial de Ordenación del Territorio. La Junta informó de forma desfavorable porque el Ayuntamiento no justificaba la pérdida de equipamiento ni la previsión de mayores espacios libres. El dictamen, que no comprometía a Benavides al no ser vinculante, recomendaba la realización de modificaciones y subsanaciones antes de aprobar de forma definitiva la modificación.

El alcalde convocó un pleno extraordinario en el que se aprobó la modificación puntual del PGOU sin tener en cuenta las apreciaciones de la Junta de Andalucía. El fiscal entiende que el resto de concejales "no eran conocedores" de la "ilegalidad" que cometía el alcalde ya que para los ediles se trataba de un asunto que contaba con el visto bueno de los informes elaborados por el secretario Luis Oliveros y el arquitecto José Luis Rodríguez Passolas, imputados por prevaricación precisamente por esta conducta. Juan Carlos Benavides dio la licencia de obras para el hotel en febrero de 2005, "conocedor –insiste el fiscal– de la ilegalidad que cometía". Esa autorización, además, no respetaba las limitaciones acordadas en la modificación 65 en seis de sus plantas. El resultado fueron 850 metros cuadrados edificados de más y la pérdida de un equipamiento que no fue compensado en otra zona.