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MATÍAS OCHOA Los bancos y cajas son los únicos que tienen la llave de la crisis. Es lo que piensan inmobiliarias, constructores y concesionarias de coches de la provincia ante las nuevas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el martes en el Debate del Estado de la Nación. Según afirmó Rodríguez Zapatero, las personas que compren una vivienda a partir de 2011 y dispongan de ingresos mayores a 24.000 euros por año no desgravarán el IRPF. Una medida orientada a animar la adquisición de inmuebles para este año y el próximo.
"Por más que alguien gane 17.000 anuales, va a tener que recurrir al crédito para comprar una casa de unos 150.000 euros. Y si no hay financiación, el sector no despega", puntualizó el presidente de la Asociación de Inmobiliaria de Granada y Provincia (Aingra), Francisco Iglesias. "El crédito sigue siendo fundamental, ya que entre el 80% y 90%" utiliza esta vía, remarcó. El titular de Aingra señaló, no obstante, que "hay que evaluar las medidas cuando entren en vigor" y se vean los "primeros resultados".
Escéptico se mostró también el gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), Francisco Martínez Cañavate, para quien las futuras normas "no van a dinamizar para nada" al sector. "Sólo es una ley a dos años vista" que "no tiene en cuenta que la vivienda es un bien de primera necesidad". "A algunos tal vez les anime a comprar, pero no a la mayoría", recalcó.
El gerente de la entidad pidió la eliminación del 7% del IVA que pagan las viviendas nuevas y que la banca abra el grifo, ya que la "financiación es el problema número uno". Los préstamos "no sólo se le niega a los consumidores sino también a los promotores"; "la inyección económica a la banca se tiene que transmitir a la sociedad". Según las estimaciones de la ACP, en la provincia existe un ´stock´ de entre 8.000 y 12.000 viviendas sin vender.
Más ayuda de la Junta. Otra de los sorpresas en el debate en el Congreso ha sido la propuesta de ayudas directas a la adquisición de turismos. El jefe del Ejecutivo detalló que se subvencionará cada adquisición con 500 euros; el Gobierno pretende que las comunidades sumen una cantidad similar y los fabricantes, otros 1.000 euros. Un total de 2.000 euros. La disposición entrará en vigor el 1 de junio y durará un año. "No es un revulsivo porque el 80% compra a crédito, que ahora no se consigue", se resignó el titular de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles, Recambios y Automoción en General, Sebastián Ruiz. "Podrá ser buena para los funcionarios o para algunos profesionales, con empleo más seguro, pero no para la mayoría de los asalariados, que no accederán a financiación", apuntó.
Exigió, asimismo, que la Junta de Andalucía siga el ejemplo de Navarra, que concedió subvenciones de entre 1.200 y 2.200 a la compra de vehículos. "Pese a que resulta pobre y con pocas posibilidades, bienvenida sea la medida", matizó, y apostilló: "Debería haberse anunciado antes, no esperar tanto, porque los mayores meses de venta son mayo, junio y julio".
En cuanto a la eliminación de la deducción por la compra de vivienda a partir de 2011, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, tildó la medida de "decepcionante" y aseguró que se trata de un "estímulo negativo" porque no va acompañado de un "incentivo real" a la compra. "No sólo no se reactivará la demanda, sino que los usuarios esperarán hasta última hora para comprar su vivienda".
Del mismo modo, consideró también "muy negativa" la eliminación de la desgravación por vivienda, ya que "retrasará más la inversión en inmuebles". Sobre las ayuda a la compra de coches, expresó su "satisfacción"; no obstante, reclamó "urgencia" en su aplicación para evitar el "desplome del mercado".
Pymes. Cuerva, en cambio, considera "acertada" el recorte de cinco puntos en el Impuesto sobre Sociedades durante tres años para las pymes de menos de 25 trabajadores y un volumen de ventas inferior a cinco millones de euros, que mantengan o incrementen su plantilla, así como la aplicación de una reducción equivalente en el IRPF para los empresarios autónomos que mantengan el empleo.
A juicio de Cuerva, la rebaja "debería ser más ambiciosa, ya que no afectará a las muchas empresas que en la actualidad pasan dificultades" y que, por tanto, "no tienen beneficios y se ven obligados a reducir plantilla". El presidente de la CGE insistió en la necesidad de "adoptar rebajas y reformas más ambiciosas", que afecten a todos los trabajadores y a todas las empresas, "sobre todo las que pasan por dificultades, que son muchas".
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