P. ESCRIBANO
La ordenanza para la convivencia sancionará a las prostitutas y sus clientes con hasta 3.000 euros si realizan conductas sexuales en el término municipal granadino. Así lo establece la normativa que hoy se dará por finalizada tras la última sesión de trabajo de los partidos políticos y la oficina del Defensor del Ciudadano, quienes han tardado un año en desarrollar el texto, a cuyo borrador definitivo -a falta de las modificaciones de hoy- ha tenido acceso este diario.
El texto, que cuenta con la oposición de IU, prohíbe el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales pagados en el espacio público de la ciudad. Esto incluye todo el municipio y, en especial, cuando el ejercicio de la prostitución tenga lugar a menos de 200 metros de distancia de zonas residenciales, centros educativos o cualquier otro lugar donde se realicen actividades comerciales.
Según se recoge en el texto, la Policía Local inicialmente recordará a las personas que incumplieran este precepto que dichas prácticas están prohibidas. Si persisten en su actitud, se procederá a sancionar toda aquella actuación vetada en la calle. Tendrán la consideración de leves las prácticas sexuales cuando se realicen fuera del perímetro de los 200 metros -entre 30 y 600 euros- y de muy grave cuando se realicen dentro de esa zona.
El Ayuntamiento de Granada, a través de los servicios sociales, prestará ayuda a todas aquellas personas que ejerzan la prostitución, en especial a aquellas que quieran abandonar su ejercicio.
Además, el Consistorio colaborará "intensamente" en la persecución y represión de las conductas atentatorias contra la libertad e indemnidad sexual de las personas que puedan cometerse en el espacio público, en especial las actividades de proxenetismo o cualquier otra forma de explotación sexual, y, muy especialmente, en lo relativo a los menores.
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