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EFE La Audiencia de Granada ha condenado al pago de una multa de 14.440 euros a un constructor acusado de financiar el traslado ilícito de un menor boliviano de 16 años a España, a quien le proporcionó casa y empleó como carpintero en una obra aunque no le pagó lo establecido y le retiró su documentación.
El tribunal ha anticipado así su pronunciamiento tras retirarse para deliberar durante unos minutos después de que la Fiscalía y la defensa llegaran a un acuerdo, que ha evitado la celebración de la vista oral, prevista para hoy en la Sección Segunda.
Aunque en sus conclusiones provisionales el Ministerio Público había solicitado cinco años de prisión para el acusado por un delito de inmigración ilegal, finalmente ha modificado su petición y ha calificado los hechos como constitutivos de un delito contra los trabajadores extranjeros y ha pedido dos años de cárcel.
Por su parte, la defensa se ha mostrado conforme con esta nueva calificación y solicitud de pena, aunque ha pedido al tribunal que la condena fuera sustituida por el pago de una multa o se le suspendiera, ya que el acusado carece de antecedentes penales.
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el menor se encontraba trabajando en una tienda de artesanía en Cochabamba (Bolivia) cuando conoció al acusado, quien se presentó con el nombre falso de "Mariano" y le persuadió para que dejara su ocupación y viajara a España, donde le ofrecería trabajo en otra tienda de artesanía que pretendía abrir en Granada.
El acusado le entregó al menor 400 dólares para que pudiera asumir los gastos del viaje y le convenció para que consiguiera un pasaporte falso, en el que constaba otro nombre y una edad de 20 años.
Además le mandó por fax un billete de avión que tenía como origen Santa Cruz y como destino Madrid-Barajas, le pagó sus primeros días en un hotel de Granada y le proporcionó posteriormente y de manera gratuita un piso para su estancia en esta ciudad.
También le dio un trabajo, pero de carpintero en una obra y no en una tienda de artesanía como le había prometido, aunque durante los siete meses en los que estuvo trabajando sólo le abonó doscientos euros, cuando le había prometido un salario de 500 euros mensuales.
El fiscal señala que el acusado le dijo al menor que no le pagaría todo el sueldo hasta que no abonara la cantidad que le había supuesto su traslado a España y, con la excusa de que iba a regularizar su situación en el país, le retiró la documentación porque "lo que realmente pretendía era evitar que se marchara sin pagarle lo que había gastado en su viaje".
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