El Inem suspende la prestación de 120 imputados por el fraude a la Seguridad Social

La Inspección de Trabajo hace efectivo el cese cautelar a partir de hoy, domingo, después de que quedara acreditado que percibían cobros de forma indebida

ÁLVARO CALLEJA La magnitud del escándalo por el fraude de a la Seguridad Social y al Inem (Instituto Nacional de Empleo) ha llevado al Estado a tomar las primeras decisiones drásticas.Este diario ha podido conocer de fuentes judiciales que la Inspección de Trabajo ha elevado una propuesta para que se suspenda cautelarmente las prestaciones que venían cobrando indebidamente 120 imputados implicados en la ´Operación Genil´, uno de los mayores fraudes al Inem y a la Seguridad Social que hasta el momento se han detectado en España.

La decisión de retirar el cobro de prestaciones y subsidios se venía barajando desde febrero cuando el abogado del Estado, que defiende los intereses de la Seguridad Social y del Inem, trasladó al juez de instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, su intención de paralizar las prestaciones y el subsidio del paro para evitar más perjuicios económicos sobre las arcas del Estado.

El anuncio provocó ciertos recelos entre algunos abogados de los imputados ante la posibilidad de que se perjudicara a personas que han tenido una relación laboral y han cotizado a la Seguridad Social y que, por tanto, disfrutan de su derecho a las prestaciones sociales.

La resolución del Ministerio de Trabajo de suspender de forma provisional el cobro de las prestaciones a 120 personas, cuya legalidad no está acreditada, se hace efectiva a partir de hoy 10 de mayo y se fundamenta en la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 42/1997, de 14 de noviembre. En concreto se apoya en el artículo 7.7 de dicha norma donde "se insta al correspondiente organismo la suspensión o cese en la percepción de prestaciones sociales, si se constatase su obtención o disfrute en incumplimiento de la normativa que las regula".

En concreto se deja sin prestación a 50 personas que supuestamente realizaron trabajos para Arnusa Obras y Reformas SL; a 39 con vinculación a la empresa Otipac Obras y Reformas SL; 23 de Construcciones Zenucar SL, y 8 de Rocasa SL.

Lo que no ha trascendido es el tiempo que venían percibiendo el subsidio y las cantidades cobradas indebidamente. Fuentes judiciales no descartan que la medida se extienda a otras personas que están bajo sospecha y que no puedan acreditar su relación laboral.

Investigación. En estas empresas y en otras que también están siendo objeto de investigación -en torno a 14- y que apenas tenían actividad laboral o carecían de ella, fueron dados de alta un número elevado de personas que, si bien en algunos casos han declarado haber trabajado, no han logrado identificar los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron su actividad.

Las investigaciones se iniciaron después de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Granada, en el ámbito de los controles habituales en materia de recaudación, detectara la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, se daban de baja y, tras pasar a una situación de insolvencia, se constituían en nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y, en algunos casos, con los mismos trabajadores.

Al mismo tiempo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social constató la inexistencia de obras que justificasen el elevado número de trabajadores que las empresas tenían de alta. El Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) también verificó que casi todos los empleados de estas empresas solicitaban prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.

Tras la denuncia presentada por el INEM de Granada en septiembre de 2008 se puso en marcha el operativo policial, que ha puesto al descubierto la existencia de un entramado empresarial dirigido y controlado por C.I.A.N.-la única persona que permanece en prisión-, en colaboración con J.R.C.C.

En la constitución de las mercantiles se hacían figurar domicilios falsos pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión, al igual que se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros testaferros. Éstos, además, habían sido trabajadores de empresas anteriores, en la mayoría de los casos con amplios antecedentes policiales.

Todo, con el fin de ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, para eludir las acciones ejecutivas que pudiera llevar a cabo la Seguridad Social. Entre los imputados se encuentran clanes familiares, vendedores ambulantes y muchas mujeres que supuestamente trabajaban en la construcción. También se investiga a un buen número de inmigrantes que podrían haber obtenido su permiso de residencia en España gracias a las filiaciones falsas promovidas por los empresarios.

Incluso, alguno de los imputados que han declarado ante el juez instructor reconoció haber suscrito un contrato irregular con el empresario para poder solicitar un préstamo.