Rober recibe 2,5 millones por el incumplimiento de un contrato

La concesionaria del transporte público encargó hace diez años la modernización de la gestión de la flota a una empresa gallega que fue incapaz de ejecutarla

PABLO MARISCAL. Rober quiso implantar en 1998 el servicio de gestión de la flota de autobuses que hoy permite conocer en las marquesinas en tiempo que tardará cada vehículo en llegar a la parada para recoger a los usuarios. Se trata del mismo modelo que, además, facilita el acceso al bus sin necesidad de introducir el bono en un cancelador y que simplemente requiere que el viajero acerque el ´credibus´ al lector ubicado junto al conductor.

Hace más de diez años que encargó a la empresa gallega Ruta Systems S.L. la implantación de este sistema. El contrato era muy elevado (casi 310 millones de las antiguas pesetas) y comprometía a una segunda empresa -Tit Vectoria S.L.- a incorporarse a los trabajos para garantizar la viabilidad del proyecto. Rober confió inicialmente en Ruta Systems para implantar un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que es el casi idéntico al que se usa hoy. La empresa gallega se comprometió a poner en marcha este servicio en cinco meses (el plazo expiraba el 4 de marzo de 1999) pero nunca ha sido capaz de culminarlo.

Los aplazamientos llegaban con excusas de todo tipo. Así hasta enero de 2004, fecha en la que Rober firmó un último acuerdo en el que se fijaba un plazo de entrega límite de cinco meses. La empresa gallega presentó un aval del Banco Pastor, con una cláusula penal de 240.404 euros que se haría efectiva a Rober si no se cumplía el contrato. En esta ocasión, y pese a la existencia de esa supuesta garantía bancaria, tampoco acabó el proyecto. Rober decidió rescindir todos los contratos y acudir a los tribunales para exigir el aval y las cantidades entregadas a cuenta.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Granada le dio la razón en enero de 2008. Las empresas tecnológicas y el banco recurrieron y la Audiencia Provincial (Sección Quinta) ratificó el pasado mes de febrero la demanda de la concesionaria del transporte público en la capital.

Las partes denunciadas anunciaron un recurso ante el Supremo pero al final han terminado por aceptar sus errores e indemnizar a Rober. Hace una semana ingresaron en la cuenta del juzgado más de 2,5 millones de euros, tal y como consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

El gerente de Rober, Guillermo Robles, manifestó ayer su "satisfacción" por la recepción del dinero que les corresponde después de casi once años de enfrentamiento con Ruta Systems y el Banco Pastor, cuyos directivos siempre se negaron a ejecutar el aval bancario a pesar de que se trata -en teoría- de una de las mayores garantías en este tipo de operaciones.

"Menos mal que al ver cómo estas empresas incumplían sus acuerdos no llegamos a implantar el sistema y al final optamos por otros dos proveedores con los que nos va muy bien", explica Robles.

Retraso interminable. Si las promesas de las empresas condenadas por los juzgados hubiesen sido reales, el transporte público granadino podría haberse situado en 1999 al mismo nivel al que está ahora en materia tecnológica. El Sistema de Ayuda a la Explotación se encargó definitivamente a dos proveedores que lo implantaron en la flota granadina en la primera mitad de la legislatura de Torres Hurtado (PP).

La Audiencia Provincial ratificó el fallo del juzgado que condenaba al Banco Pastor a pagar 240.404 euros por el aval más 59.330 euros de intereses; la empresa gallega Ruta Systems ha devuelto los 1.773.920 euros que Rober pagó en distintas entregas más 373.495 de intereses y Tit Victoria ha entregado 80.775 euros más 17.007 por la demora.

Ruta Systems incumplió todos los plazos previstos en las sucesivas prórrogas de los contratos que Rober firmaba con el convencimiento de que algún día vería el SAE implantado en la flota granadina. Así se perdieron cerca de siete años.

Al final tuvo que ser un perito imparcial quien constató los incumplimientos de la obligación de entrega del proyecto, lo que llevó a Rober a pedir la resolución de los contratos que firmó.