La Fiscalía recopila datos para aclarar el error del turista preso

Jesús García Calderón mantiene abierta la investigación sobre el fallo que llevó a la cárcel seis días a un inocente. Retiran la acusación contra la Policía en el juzgado

P.M. La investigación del error que desencadenó el ingreso en prisión durante casi seis días de un turista que vino a ver la Semana Santa granadina sigue abierta en dos de los tres frente que inicialmente se impulsaron. El fiscal del juzgado que abrió diligencias previas tras conocerse el fallo ha comunicado a su titular (la magistrada de Instrucción 3) que no aprecia indicios de delito en la actuación de la Policía Nacional en Granada, cuyos agentes se limitaron a hacer efectiva una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión que figuraba en su base de datos. La juez deberá decidir ahora si archiva el caso o sigue indagando en contra del criterio del Ministerio Público.

La Fiscalía Superior de Andalucía, por el contrario, mantiene abiertas las diligencias de investigación que inició en cuanto se dio a conocer el caso. Ayer, su titular, Jesús García Calderón, confirmó a este periódico que las pesquisas -dirigidas por él mismo- siguen su curso a pesar de la petición de archivo del fiscal del juzgado.

Se trata, según el fiscal superior, de dos procedimientos diferentes. El suyo, lejos de archivarse, está ahora mismo en plena fase de recopilación de los datos e informes que han sido solicitados a los distintos órganos que participaron en esta cadena de acontecimientos: desde la policía hasta el juzgado, incluyendo al fiscal al que se informó del ingreso en prisión de Juan Enrique Tena y el Ministerio del Interior.

La otra investigación, de carácter disciplinario, fue anunciada por el secretario de Estado de Seguridad el 16 de abril y hasta ahora se desconocen sus avances.

Unos y otros. Los sindicatos policiales responsabilizaron del error a la Guardia Civil, que fue el cuerpo encargado de grabar en el sistema informático los datos facilitados por la Audiencia Nacional. Fuentes oficiales de este tribunal confirmaron que la ejecutoria de búsqueda y captura salió con el nombre correcto de sus dependencias. Fue al incorporarlo en el registro de personas de interés policial cuando, por causas que Interior aún no ha aclarado, la Guardia Civil cambió el nombre de Israel por el de Juan Enrique y alteró el segundo apellido, de Martí a Martín.

El joven aceptó que su caso saliera a la luz pública precisamente para evitar errores que han sido reconocidos al más alto nivel institucional. El fiscal encargado de las diligencias previas considera que no hay responsabilidad de la Policía e Interior sigue sin dar una explicación sobre lo ocurrido.